A menos de una semana de la toma de posesión para el período presidencial 2025-2031, el Gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado la militarización de Caracas, generando inquietud entre los ciudadanos.
Con un despliegue de 1.200 efectivos de seguridad, que incluye miembros de la Dirección Nacional de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), las calles de la capital se han convertido en un escenario de vigilancia y control. Este movimiento se produce en un contexto de tensión política y social, especialmente con la proximidad del 10 de enero, fecha en la que Maduro planea asumir nuevamente la presidencia.
Desde el inicio del año, la presencia de funcionarios de la Dgcim, Sebin, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) ha sido notable en el centro de Caracas. Las fuerzas están apostadas principalmente en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, lo que ha llevado a una sensación de desasosiego entre los caraqueños.
Avistamiento del DGCIM en Caracas
Un mototaxista de 46 años expresó su confusión ante esta situación: «Esto no es común. No sé con qué finalidad se hace, pero sí se siente la presencia». Aunque algunos ciudadanos sienten una falsa sensación de seguridad, otros temen que esta militarización tenga como objetivo generar miedo en la población.
En redes sociales, se han reportado avistamientos continuos de efectivos antimotines en áreas clave como la Plaza O’Leary, donde se reprimieron protestas en julio pasado. La represión y el control social parecen ser parte de una estrategia más amplia para asegurar que el juramento presidencial del 10 de enero transcurra sin incidentes.
La militarización coincide con las acusaciones de fraude electoral que rodean las elecciones presidenciales pasadas. A pesar de que Maduro se proclama ganador, la oposición ha presentado actas que indican una victoria clara para Edmundo González Urrutia, quien habría obtenido más de siete millones de votos, superando a Maduro por un margen significativo.
Esta discrepancia ha alimentado aún más las tensiones políticas y sociales en el país.El coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dgcim y encargado del operativo, afirmó: «Vamos a garantizar la paz del país». Sin embargo, su historial está manchado por acusaciones internacionales por violaciones a los derechos humanos. La declaración refleja una postura defensiva del gobierno ante lo que considera amenazas a su continuidad.
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El gobierno no solo ha intensificado la presencia militar; también ha lanzado una serie de actividades culturales y deportivas para proyectar una imagen de normalidad y estabilidad. Sin embargo, este intento parece contrarrestar un ambiente generalizado de desconfianza y temor. Diosdado Cabello, número dos del oficialismo, anunció el despliegue adicional de 20.000 agentes especiales para enfrentar cualquier amenaza potencial.
Las declaraciones oficiales enfatizan que cualquier intento externo o interno para desestabilizar al gobierno será respondido con fuerza. «Cualquier amenaza venga de donde venga, será enfrentada», aseguró Cabello durante un acto oficial
