La Corte Suprema de Estados Unidos impidió este viernes que el presidente Donald Trump reanudara la expulsión inmediata de migrantes venezolanos detenidos en Texas, a quienes la administración acusa de pertenecer a pandillas, utilizando para ello la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa reservada históricamente para tiempos de guerra. El fallo, emitido por siete votos contra dos, representa un revés significativo para la estrategia migratoria de la Casa Blanca y mantiene la suspensión de las deportaciones mientras los tribunales inferiores analizan el fondo del caso.
La decisión de la Corte Suprema responde a una petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los migrantes afectados, y se produce tras semanas de litigio y medidas cautelares que ya habían frenado temporalmente las expulsiones desde el 19 de abril. Los magistrados consideraron que los migrantes no recibieron suficiente tiempo ni garantías legales para impugnar su expulsión, ya que las notificaciones eran entregadas apenas 24 horas antes de la deportación y sin información clara sobre cómo ejercer su derecho al debido proceso.
“En estas circunstancias, una notificación con aproximadamente 24 horas de antelación a la expulsión, sin información sobre cómo ejercer el debido proceso para impugnarla, sin duda no es aceptable”, señala el fallo, que fue respaldado incluso por dos jueces conservadores designados por Trump durante su primer mandato. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas discreparon públicamente, argumentando que la Corte Suprema no debía intervenir en esta etapa del caso.
La administración Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación acelerada de migrantes venezolanos, acusándolos de formar parte de organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Esta ley, que otorga al presidente amplios poderes para detener y expulsar a ciudadanos de países considerados “enemigos” sin seguir los procedimientos migratorios estándar, solo se ha aplicado en contadas ocasiones a lo largo de la historia, todas ellas en contextos de conflicto bélico, como durante la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno argumentó que la presencia de presuntos pandilleros venezolanos constituía una “invasión” o “incursión depredadora”, condiciones bajo las cuales la ley podría ser invocada. Sin embargo, tanto jueces federales como la mayoría de la Corte Suprema han mostrado escepticismo sobre la amplitud de esta interpretación y la falta de protecciones procesales para los afectados.
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El caso fue devuelto al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de la aplicación de la ley y los procedimientos de notificación y defensa para los migrantes. Por ahora, la suspensión de las deportaciones se mantiene, y los migrantes venezolanos detenidos en el centro Bluebonnet de Texas seguirán bajo protección judicial mientras avanza el proceso.
