Una coalición de grupos de defensa de los inmigrantes ha presentado una demanda contra la administración del presidente Joe Biden por la reciente orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en la frontera con México. La acción legal, liderada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos, argumenta que la medida impuesta por Biden es comparable a una prohibición anterior durante la administración Trump que fue bloqueada por los tribunales.
La orden ejecutiva emitida por Biden establece restricciones significativas en el proceso de solicitud de asilo una vez que los encuentros con migrantes en los puertos de entrada alcancen un umbral diario de 2,500. Esta medida, que entró en vigor el pasado 5 de junio debido a cifras diarias superiores a 4,000, se mantendrá vigente hasta que el número de encuentros diarios descienda por debajo de 1,500 durante un período sostenido de siete días. Sin embargo, la última vez que se alcanzó ese nivel fue en julio de 2020, durante la pandemia de COVID-19.
La decisión de Biden de invocar la misma autoridad legal utilizada por la administración Trump para imponer restricciones al asilo ha generado críticas y preocupaciones entre los defensores de los migrantes. Según la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el presidente puede limitar la entrada de ciertos inmigrantes si se considera que su ingreso es perjudicial para el interés nacional.
La demanda presentada destaca que las nuevas normas impuestas por la administración Biden restringen significativamente el acceso al asilo para la mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, independientemente de la validez de sus motivos. La ACLU y otros grupos argumentan que estas medidas son contrarias a la ley federal de inmigración existente y crean obstáculos insuperables para solicitar protección.
En un comunicado, la ACLU expresó su preocupación por las implicaciones de la orden ejecutiva de Biden, señalando que «estas acciones cerrarán cualquier acceso al asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera». La demanda alega que las condiciones impuestas para obtener asilo, como conseguir una cita en un puerto de entrada o cumplir requisitos estrictos, son inconsistentes con la legislación vigente que permite a los migrantes solicitar asilo tanto en puertos designados como fuera de ellos.
