El parlamento cubano aprobó el 19 de julio de 2024 la Ley de Ciudadanía, que otorga al presidente la facultad de revocar la ciudadanía a quienes se involucren en actividades consideradas hostiles.
Esta medida incluye a quienes se alisten en organizaciones armadas o realicen actos que vayan en contra de los intereses políticos, económicos y sociales de la isla.
Los críticos, incluidas varias ONG, advierten sobre el potencial uso político de esta ley, citando ejemplos recientes de otros países.
A su vez, la ley establece que la ciudadanía se adquiere por nacimiento en Cuba y que tener otra nacionalidad no implica la pérdida de la cubana.
Las nuevas regulaciones entrarán en vigor en 180 días tras su oficialización.
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La nueva Ley de Ciudadanía en Cuba, que permite al Gobierno despojar de la ciudadanía a quienes realicen «actos contrarios» a los intereses del país, podría tener repercusiones significativas en la comunidad internacional.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el uso potencial de esta ley para silenciar a disidentes y críticos del régimen, similar a lo que ha ocurrido en Nicaragua.
Esto podría intensificar las tensiones entre Cuba y países que abogan por los derechos humanos, afectando las relaciones diplomáticas y comerciales.
Además, la ley puede influir en la percepción global sobre la situación política en Cuba, complicando los esfuerzos de diálogo y cooperación internacional, especialmente en un contexto donde la comunidad internacional ya critica el manejo de derechos humanos en la isla.
