La Corte IDH y Nicaragua volvieron a cruzarse este miércoles 28 de octubre. El tribunal interamericano publicó una serie de medidas provisionales con las que ordenó al Estado nicaragüense garantizar la vida, la integridad y la libertad personales de una mujer identificada como E.J.F.C., presunta víctima de violencia sexual por parte del presidente Daniel Ortega cuando era menor de edad, en 2005, y de sus dos hijas, cuyo paradero se desconoce desde 2025.
La resolución exige a Managua que levante cualquier medida que encubra el paradero de las beneficiarias o restrinja su libertad y su integridad, y que informe de manera oficial e inmediata dónde se encuentran y en qué condiciones. También le ordena hacer efectivas las acciones necesarias para reunificar a la madre con sus hijas, separadas desde que agentes estatales las habrían sacado de su casa.
Corte IDH y Nicaragua: qué ordenan las medidas provisionales
Entre las medidas dictadas, la Corte requirió al Estado que garantice a E.J.F.C. y a sus hijas C.M.F. y M.M.F. sus derechos a la familia y a la protección de la niñez. En el caso de la menor M.M.F., de ocho años, el tribunal pidió que cese su situación de aislamiento y que se le garantice acceso a educación, salud, actividades recreativas y atención psicosocial.
Según los representantes de las presuntas víctimas, el paradero de E.J.F.C. y de su hija C.M.F., de trece años, se desconoce desde el 21 de marzo de 2025, cuando al parecer agentes estatales las sacaron de su vivienda. Desde entonces, la niña más pequeña permanece en la casa familiar bajo vigilancia, control y custodia permanentes de agentes del Estado, sin acceso de su familia.
Los representantes indicaron además que M.M.F. no asiste a la escuela desde hace aproximadamente dos años y que no tiene actividades recreativas. La última información sobre la menor data de mayo de 2026, porque desde entonces toda comunicación con ella se habría bloqueado, un dato que pesó en la decisión del tribunal de actuar con carácter urgente.
Un caso que nació de una denuncia familiar
El expediente de la Corte IDH y Nicaragua se deriva de una demanda en trámite ante la Corte por la alegada persecución contra Santos Sebastián Flores Castillo y su familia, a raíz de las denuncias que él formuló sobre los presuntos actos de violencia sexual cometidos contra su hermana E.J.F.C. por el mandatario nicaragüense en 2005, cuando ella era menor de edad.
En ese contexto, Flores Castillo fue condenado en 2013 a quince años de prisión, en un proceso que, según la denuncia contra el Estado, se habría fabricado como represalia por haber señalado al presidente. El denunciante falleció el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia estatal en el centro penitenciario La Modelo, uno de los datos más graves del expediente.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en una imagen de archivo. Foto: Wikimedia Commons (CC BY).
Las medidas provisionales dictadas este miércoles responden a una solicitud de los representantes del caso de Flores Castillo, que pidieron al tribunal intervenir ante el riesgo que, según sostienen, corren la mujer y sus hijas mientras el proceso de fondo sigue su curso. El caso se suma a las denuncias que también recogen a las familias de detenidos en la región, como las que denunciaron torturas y falta de atención médica ante María Corina Machado.
Nicaragua, en desacato desde 2022
El nuevo pronunciamiento en el caso Corte IDH y Nicaragua llega con un antecedente que complica su cumplimiento. La Corte declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando el Estado se negó a cumplir una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega que resultaron encarceladas, un patrón que este medio ha seguido al contar que Nicaragua suma 72 presos políticos y 33 desaparecidos, según una ONG en el exilio.
Desde entonces, el Estado nicaragüense no responde a las órdenes del tribunal ni acredita representantes para las audiencias, según el propio reporte del caso. Esa postura convierte cada nueva resolución en una prueba para el sistema interamericano de derechos humanos: la Corte puede ordenar, pero su capacidad de hacer cumplir lo ordenado depende de la voluntad del Estado requerido.
En el expediente de la Corte IDH y Nicaragua, por ahora lo concreto es la orden: Nicaragua debe decir oficialmente dónde están E.J.F.C. y su hija C.M.F., poner fin al aislamiento de M.M.F., garantizar la reunificación familiar y proteger la vida y la integridad de las tres. Que Managua responda —y cómo— será el siguiente capítulo de un caso que el tribunal mantiene abierto desde hace años.
