Al menos 72 presos políticos en Nicaragua permanecen encarcelados por el Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Al menos 72 presos políticos en Nicaragua permanecen encarcelados por el Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, y 33 de ellos se encuentran en condición de desaparición forzada, denunció este martes desde el exilio la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), que agrupa a varias entidades dedicadas a documentar la represión y acompañar jurídicamente a las víctimas.
La cifra, actualizada hasta el 23 de octubre, proviene del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, perteneciente a la propia asociación. Se trata de un conteo que las organizaciones presentan como mínimo verificable, porque muchas familias evitan denunciar las detenciones por temor a represalias o porque no reciben ninguna información oficial sobre el paradero de sus allegados.
Presos políticos en Nicaragua: las cifras del informe
Del total de 72 personas privadas de libertad por motivos políticos, 56 son hombres y 16 son mujeres. Entre los detenidos hay 16 adultos mayores, y de los 33 en desaparición forzada, ocho también son personas de edad avanzada cuyo paradero y estado de salud las autoridades no han informado a sus familias.
El informe registra un aumento de 12 personas frente al corte del 31 de julio pasado y de cuatro respecto al del 24 de septiembre. Desde 2018, los organismos que integran la asociación han documentado 1.506 detenciones por motivos políticos en el país centroamericano, una cuenta que sigue creciendo pese a que la oposición fue desarticulada, sus principales dirigentes fueron desterrados o desnacionalizados y la mayoría de los medios independientes opera desde el exilio.
Los nombres que vuelven a la lista
La lista actualizada vuelve a incluir a seis personas del grupo familiar del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, quien falleció bajo custodia estatal el pasado 30 de mayo. Sus familiares fueron capturados un día después, el 31 de mayo, en Managua, cuando intentaban reclamar el cuerpo del líder indígena para sepultarlo.
También se incorporó al listado Bayardo Arce, de 77 años, veterano comandante sandinista y durante años asesor económico del propio Ortega, cuya detención muestra que la persecución alcanza incluso a figuras históricas del sandinismo que cayeron en desgracia con la pareja gobernante. Los datos de las personas presas políticas están avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según subrayó la asociación.
Un patrón que la CIDH ya sigue de cerca
La denuncia de este martes se suma a otros señalamientos recientes contra Managua ante los organismos interamericanos, como la denuncia ante la CIDH por la «fachada» de libertad religiosa en Nicaragua, presentada este mismo mes. El patrón de detenciones, desapariciones forzadas y falta de información a las familias es seguido también por los mecanismos de Naciones Unidas.
La situación de los detenidos por motivos políticos es un drama compartido en la región: en Venezuela, los familiares de presos políticos denuncian torturas y falta de atención médica y han llevado sus casos ante la dirigente opositora María Corina Machado. En Nicaragua, donde no quedan prácticamente espacios de protesta interna, son las organizaciones en el exilio las que mantienen vivo el registro de cada detenido y de cada desaparecido.
