Libertad religiosa en Nicaragua: organizaciones de la sociedad civil.
Libertad religiosa en Nicaragua: organizaciones de la sociedad civil y de la oposición denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las restricciones a la fe persisten en el país, mientras el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo proyecta ante la comunidad internacional una «fachada» de respeto a la religión católica.
La denuncia se presentó en Ciudad de Panamá, con motivo del 197 periodo de sesiones de la CIDH. En la audiencia intervinieron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), además de sacerdotes en el exilio. El Gobierno, según los denunciantes, no tuvo representación en la sesión.
Libertad religiosa en Nicaragua: ataques a iglesias, confiscaciones y líderes perseguidos
«Lo que denunciamos en la audiencia hoy es la restricción a la libertad de religión y de creencias en Nicaragua, que se enmarca en un contexto de concentración absoluta del poder, de persecución de la oposición real o percibida por el régimen y de cierre total del espacio cívico», dijo a EFE Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil.
Según la exposición, las restricciones adoptan formas muy variadas: ataques contra las iglesias, confiscaciones de su infraestructura, eliminación de exenciones tributarias y el cierre o la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas. Acuña añadió que hay persecución directa contra líderes religiosos, con detenciones arbitrarias y desapariciones, y que el Gobierno ha llegado a prohibir a las familias dar sepultura a personas que murieron bajo custodia estatal.
La abogada sostuvo además que el régimen juega con la «imprevisibilidad»: prohíbe directamente algunas celebraciones religiosas mientras permite otras. «El hecho de que haya algunas que se permiten no quiere decir que haya libertad religiosa en Nicaragua. Justamente el régimen juega con esa imprevisibilidad para generar miedo en la población», advirtió. La presión sobre las voces críticas nicaragüenses también se ha sentido fuera del país, como ocurrió con el periodista Luis Galeano, a quien Estados Unidos concedió asilo tras ser detenido por el ICE.
«Una fachada noticiosa»: procesiones vigiladas y sacerdotes desterrados
Rafael Aragón, sacerdote dominico español que adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1990 y vive exiliado en Costa Rica desde 2023, advirtió ante la Comisión que el Gobierno promueve una aparente normalización al autorizar algunas procesiones. Su propósito, aseguró, es «proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa», pero esa apertura es «una fachada noticiosa para el consumo de la opinión internacional».
De acuerdo con su testimonio, en esas celebraciones permitidas hay una presencia numerosa de policías y paramilitares que limitan el acercamiento de los devotos a las imágenes veneradas, restringen los recorridos tradicionales e imponen horarios. «El objetivo de este control es promover una cultura popular secularizada y apartada de la Iglesia católica y de su liderazgo histórico», remarcó el sacerdote.
Por su parte, Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y también exiliado, afirmó a EFE que en Nicaragua hay «una represión brutal y sistemática que atenta contra todos los derechos». «Casi no hay nadie que esté a salvo. Tenemos un destierro incluso de sacerdotes, de evangélicos, y eso no había pasado en la historia de Nicaragua», resaltó. La audiencia de Panamá se suma a otros reclamos de derechos humanos llevados en las últimas horas ante organismos internacionales, como la alerta de la ONU sobre el riesgo de «limpieza étnica» en Hebrón.
