La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó este jueves 23 de enero de 2025 al Estado de Nicaragua por permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, a pesar de que la Constitución del país prohibía dicha reelección. Esta decisión se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la situación política en Nicaragua, donde el régimen de Ortega ha sido acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de instaurar un régimen autoritario.
La sentencia, leída por la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, subraya que el Estado nicaragüense es responsable por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del opositor Fabio Gadea Mantilla, quien fue el candidato presidencial en las elecciones de 2011. Ortega ganó esos comicios con un 62% de los votos frente al 31% obtenido por Gadea, quien figura como la víctima principal en este caso. La Corte determinó que el proceso electoral careció de integridad y que las instituciones estatales intentaron dar una apariencia de legalidad a la reelección del presidente.
Ortega, quien ya había ocupado la presidencia en dos mandatos anteriores (1985-1990 y 2007-2012), se benefició de una decisión de la Corte Suprema, compuesta mayoritariamente por magistrados afines al gobierno, que en 2009 declaró inaplicable la prohibición constitucional sobre la reelección. Esta medida fue vista como un abuso del poder estatal para facilitar su permanencia en el cargo.
Durante la lectura del fallo, Hernández destacó que «la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección» y que tanto la Corte Suprema como el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad al no garantizar un recurso judicial efectivo para revisar las irregularidades denunciadas durante los comicios. La Corte IDH estableció medidas de reparación, exigiendo que el Consejo Supremo Electoral garantice imparcialidad e independencia, así como medios adecuados para impugnar violaciones a la ley electoral.
A pesar de esta condena, Ortega ha continuado su carrera política, siendo reelegido en elecciones controvertidas en 2016 y 2021. Su gobierno ha sido objeto de críticas por organismos internacionales y varios gobiernos que lo acusan de instaurar una autocracia. En los últimos años, miles de nicaragüenses han huido al exilio y alrededor de 450 políticos, empresarios e intelectuales han sido despojados de su nacionalidad bajo acusaciones de «traición a la patria».
Recientemente, Ortega impulsó una reforma constitucional que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la independencia entre los poderes del Estado y eleva el rango de su esposa, Rosario Murillo, a «copresidenta». Estas acciones han intensificado las preocupaciones sobre el futuro democrático del país.
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La condena emitida por la Corte IDH representa un hito significativo en la lucha por los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos tras este fallo. La Corte ha dejado claro que las violaciones a los derechos políticos no serán toleradas y ha instado al Estado nicaragüense a tomar medidas concretas para restaurar la integridad del sistema electoral.
