La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha declarado procedente la solicitud de extradición de Deivis José González Pérez, ex gerente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), quien está acusado de cancelar la entrega de 40 lanchas a la estatal petrolera.
La decisión de solicitar la extradición de González Pérez se encuentra en la sentencia N° 301, publicada el 6 de junio, firmada por los tres magistrados de la Sala Penal: Maikel Moreno (ponente), Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez Moreno.
Los hechos que llevaron al procesamiento penal de González Pérez se remontan a diciembre de 2012, cuando ocupaba el cargo de gerente de Operaciones Acuáticas de PDVSA-Occidente. Desde esa posición, suscribió un contrato directo con la empresa St. Johns Ship Building S.A., con sede en Panamá, para la adquisición de 40 lanchas por un total de $44.297.490,80. Cada embarcación tenía un costo de $1.107.437,27.
La investigación reveló irregularidades en la administración del contrato, ya que los pagos se emitieron bajo una figura de anticipo no establecida en el contrato principal, lo que resultó en pagos millonarios sin las garantías adecuadas.
A pesar de la existencia de una fianza de cumplimiento por un monto de Bs. 2.213.9883590,18, equivalente al 100% del convenio, la misma no puede ejecutarse porque no cumple con las exigencias del contrato principal. Esto impide al Estado recuperar lo desembolsado, según la investigación detallada en la sentencia.
PDVSA EFECTUA LOS PAGOS
Después de haber realizado el pago, la entrega de las lanchas nunca se materializó. Por lo tanto, el daño patrimonial “causado al Estado venezolano por conducto de Petróleos de Venezuela asciende aproximadamente a $35.437.992,64”.
Por estos hechos, el 30 de abril de 2015, el Tribunal 8° de Control del Zulia dictó una orden de aprehensión contra González Pérez por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio y asociación.
El 28 de mayo pasado, España informó a Venezuela sobre la detención en Madrid de González Pérez, quien tenía una notificación roja de Interpol. En consecuencia, el expediente fue enviado a la Sala Penal, cuyos magistrados confirmaron que se cumplen los requisitos para declarar procedente la extradición del sujeto.
La Sala recordó que Venezuela y España son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, lo que podría facilitar el proceso de extradición.
