El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error desde Estados Unidos y actualmente recluido en una megacárcel de máxima seguridad en El Salvador, ha escalado a un conflicto diplomático y judicial de alto perfil. Este lunes, durante una visita oficial a la Casa Blanca, el presidente salvadoreño Nayib Bukele dejó claro que no tiene intención de devolver a Ábrego a Estados Unidos, a pesar de la orden de la Corte Suprema estadounidense que exige facilitar su retorno.
Kilmar Ábrego García, trabajador metalúrgico de Maryland, fue deportado a El Salvador en marzo tras un «error administrativo» reconocido por el propio gobierno de Donald Trump. Ábrego había llegado a Estados Unidos en 2011 huyendo de amenazas de pandillas y, tras años de residencia, logró en 2019 que un tribunal suspendiera su deportación por el riesgo de sufrir violencia o tortura en su país natal. Sin embargo, fue detenido nuevamente y enviado a la megacárcel CECOT, donde permanece recluido junto a presuntos miembros de pandillas, pese a que nunca ha sido formalmente acusado de ningún delito ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
Durante el encuentro en la Oficina Oval, Bukele respondió enérgicamente a las preguntas de la prensa sobre la posibilidad de repatriar a Ábrego: «¿Cómo puedo devolver un criminal a Estados Unidos? ¿Meter un terrorista ilegalmente? La pregunta es absurda. No tengo el poder de devolverlo a Estados Unidos». Cuando se le preguntó si consideraba liberarlo en El Salvador, Bukele también lo descartó: «No somos muy partidarios de liberar terroristas en nuestro país», pese a que no existen pruebas ni cargos formales contra Ábrego.
La administración Trump, por su parte, ha argumentado que la decisión de devolver a Ábrego depende de El Salvador, a pesar de la orden de la Corte Suprema de Estados Unidos que exige «facilitar» su retorno. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, reiteró que corresponde a las autoridades salvadoreñas decidir el destino de Ábrego, mientras que la Casa Blanca ha enfatizado su limitada capacidad de acción ahora que el migrante ya no está bajo custodia estadounidense.
El caso de Ábrego García se ha convertido en uno de los más emblemáticos de las deportaciones masivas impulsadas por la administración Trump, que incluyeron acuerdos con El Salvador para encarcelar a inmigrantes irregulares y presuntos criminales deportados desde Estados Unidos. Sin embargo, han aumentado las denuncias de que personas sin antecedentes criminales, como Ábrego, están siendo enviadas a prisiones de máxima seguridad en El Salvador, en condiciones que han sido criticadas por organizaciones internacionales por hacinamiento y maltrato.
La batalla judicial en Estados Unidos ha sido intensa. La jueza federal Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como «ilegal» y ordenó su retorno, señalando que la acusación de pertenencia a la MS-13 se basó en una «única y no probada acusación». El gobierno de Trump ha recurrido a la Corte Suprema, argumentando que la jueza excedió sus competencias al interferir en la política exterior, pero el máximo tribunal ratificó la orden de facilitar el regreso de Ábrego.
Lea también: Primero Justicia expulsa a Capriles y Tomás Guanipa tras su participación en elecciones controvertidas
A pesar de la orden judicial, la administración estadounidense sostiene que no puede corregir el error porque Ábrego ya está bajo custodia salvadoreña. El Departamento de Estado ha confirmado que Ábrego está «vivo y seguro» en el CECOT, pero no ha detallado qué pasos se están tomando para cumplir con la orden judicial de su retorno.
