Los presos políticos en Venezuela volvieron este viernes al centro del debate nacional.
Los presos políticos en Venezuela volvieron este viernes al centro del debate nacional. El dirigente opositor Andrés Velásquez cuestionó las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la prohibición de practicar detenciones sin una orden judicial, y le exigió una respuesta concreta: la liberación inmediata de todas las personas que permanecen detenidas arbitrariamente por razones políticas en el país.
Velásquez reaccionó a través de su cuenta en X, donde recogió el planteamiento de Rodríguez en materia de garantías individuales y lo confrontó con la situación de quienes ya están tras las rejas. Su mensaje no se quedó en una crítica general: puso fecha y destinatario a la exigencia, al preguntar directamente cuándo serán excarcelados los detenidos.
Presos políticos en Venezuela: la pregunta directa de Velásquez a Delcy Rodríguez
«Delcy, habló de la prohibición de detener a alguien sin orden de detención. Pregunto: ¿Y todos los que permanecen detenidos arbitrariamente? ¿Para cuándo pondrán en libertad a todos los secuestrados políticos de la dictadura? Libertad para todos los presos políticos», escribió el dirigente de La Causa R, en un mensaje publicado este viernes 30 de octubre.
El uso del término «secuestrados políticos» eleva el tono de la exigencia. Para Velásquez, anunciar que de ahora en adelante nadie será detenido sin orden judicial no resuelve el problema de fondo mientras las detenciones pasadas, hechas sin esa orden y sin flagrancia, sigan sin corregirse con la libertad de los afectados.
Foro Penal contabiliza 322 presos políticos
La exigencia de Velásquez no llegó sola. La organización Foro Penal advirtió en la misma jornada que el cese de las detenciones arbitrarias requiere acciones concretas más allá de los anuncios oficiales, y recordó que la represión política no terminará hasta que sean liberadas todas las personas detenidas sin orden judicial y sin estar cometiendo un delito.
Según el balance más reciente de esa organización, en Venezuela permanecen 322 presos políticos: 308 hombres y 14 mujeres; 182 civiles y 140 militares. Del total, 152 ya tienen condena firme y 170 siguen detenidos sin juicio definitivo, cifras que las organizaciones de derechos humanos contrastan con el discurso oficial de garantías. Ese contexto es el mismo que rodea el mensaje de Delcy Rodríguez que garantiza el ejercicio de la política y el anuncio de que habrá elecciones con una autoridad electoral renovada.
Un debate que marca la transición venezolana
Las declaraciones se producen en medio de las discusiones sobre reformas políticas y judiciales en Venezuela, que incluyen planteamientos sobre garantías procesales, derechos humanos y la situación de las personas privadas de libertad por causas vinculadas a la actividad política. En ese proceso, la oposición que negocia con el Gobierno interino y sectores que no participan en la mesa mantienen una exigencia común: sin liberaciones verificables, cualquier reforma queda en el papel.
Velásquez, exgobernador del estado Bolívar y figura histórica del sindicalismo venezolano, ha sido una de las voces más constantes en esa demanda. Su intervención de este viernes suma presión pública sobre la presidenta encargada en un momento en el que también se discute el cronograma electoral y la renovación de las instituciones.
Por ahora, el Gobierno interino no ha respondido al señalamiento concreto del dirigente opositor ni ha anunciado una fecha para nuevas excarcelaciones. La pregunta que Velásquez dejó en el aire —para cuándo la libertad de los detenidos— queda así como la medida práctica con la que la oposición evaluará si la prohibición de detener sin orden judicial es un cambio real o solo un anuncio.
El planteamiento de fondo que recorre el mensaje es la diferencia entre una garantía hacia el futuro y una reparación hacia el pasado. Organizaciones y familiares han insistido en que un indulto general, excarcelaciones verificadas y revisión de causas serían las señales concretas de un cambio, mientras el oficialismo presenta la prohibición de detenciones sin orden como el primer paso de una reforma judicial más amplia que todavía está en discusión.
