La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) pidió este viernes.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) pidió este viernes que las utilidades de los profesores universitarios se calculen sobre el ingreso mínimo integral y no sobre el salario base, al que calificó de «casi simbólico» frente al peso que hoy tienen los bonos en el ingreso real de los docentes.
En un comunicado difundido en su cuenta de X, el gremio sostuvo que en las universidades públicas del país el salario dejó de ser el componente principal de la remuneración: el ingreso de un profesor depende casi exclusivamente de bonos como el bono de guerra económica y el cestaticket, pagos que no forman parte del salario y que, por tanto, no se cuentan al momento de calcular utilidades, aguinaldos, vacaciones ni prestaciones sociales.
Qué pide la Apucv: utilidades con ingreso mínimo integral
La petición central es directa: que las utilidades se calculen sobre el ingreso mínimo integral, es decir, sobre la totalidad de lo que el profesor efectivamente percibe. Para la Apucv, resulta injustificable que el beneficio laboral más importante del año se liquide sobre una fracción mínima del ingreso, mientras la mayor parte llega por vías que la propia normativa no reconoce como salario.
El gremio planteó además que los beneficios otorgados mediante bonos se incorporen progresivamente al salario, de modo que el ingreso de los universitarios se acerque al salario mínimo integral que, recordó, ordena la Constitución. Esa incorporación, argumenta, es la única vía para que las prestaciones sociales y la jubilación recuperen su sentido.
Bonos que no cuentan como salario
Según el comunicado, la distorsión es estructural: un profesor puede sostener su mes a mes con los bonos, pero cuando llegan las utilidades, el bono vacacional o el cálculo de sus prestaciones, esos montos desaparecen de la cuenta. El resultado, advierte la asociación, es la desvalorización del trabajo académico y un golpe directo a la seguridad social de quienes han dedicado su vida a la universidad.
La discusión salarial universitaria lleva años sobre la mesa en Venezuela y conecta con advertencias recientes de economistas sobre los límites de los ajustes de ingreso que no se traducen en salario formal, como las que hizo el exdiputado y economista José Guerra sobre los ajustes salariales ligados al PIB. En paralelo, el costo de la vida se mide a diario contra la tasa oficial: el dólar del BCV se ubicó este viernes en 889,25 bolívares, referencia obligada para cualquier cálculo de ingreso real.
Un bono de compensación académica como salida inmediata
Como medida de corto plazo, mientras se corrige la distorsión, la Apucv propuso la creación de un bono de compensación académica dirigido a los profesores universitarios. La idea es que ese pago reconozca, aunque sea parcialmente, la brecha entre lo que el docente percibe por bonos y lo que debería recibir si sus utilidades se calcularan sobre el ingreso completo.
El gremio fue enfático en que no se trata de un reclamo aislado: lo presenta como una exigencia de justicia laboral y como un paso necesario para detener el deterioro de las condiciones de vida del profesorado, en un contexto en el que las universidades públicas enfrentan desde hace años la fuga de docentes y la pérdida de generaciones de relevo.
El debate que viene: ministerio, autoridades y comunidad
La asociación planteó que su propuesta se discuta en el Ministerio de Educación Universitaria, junto a las autoridades universitarias y la comunidad académica. Según el comunicado, la Apucv ha encontrado receptividad en el rector de la UCV, Víctor Rago, para acuerdos internos en esa misma dirección, un gesto que el gremio valora como punto de partida.
El respaldo jurídico que invoca es amplio: la Constitución, la Ley Orgánica del Trabajo, los convenios colectivos del sector y la autonomía universitaria. Con ese marco, la Apucv insiste en que el cálculo de las utilidades sobre el ingreso mínimo integral no es una concesión, sino el cumplimiento de lo que ya ordena el ordenamiento venezolano. La respuesta del ministerio marcará si la petición se convierte en negociación o en un nuevo capítulo del conflicto salarial universitario.
