La violencia en Bolívar contra las comunidades indígenas Hottuja (Piaroa) del Alto Suapure y el Alto Parguaza, al sur del municipio Cedeño.
La violencia en Bolívar contra las comunidades indígenas Hottuja (Piaroa) del Alto Suapure y el Alto Parguaza, al sur del municipio Cedeño, fue denunciada este miércoles 11 de noviembre con un cuadro de asesinatos, desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados atribuidos a grupos armados irregulares de origen colombiano que operan en territorio venezolano. Las denuncias, recogidas por El Nacional a partir de una fuente conocedora de la zona que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, no han podido ser corroboradas de manera independiente y hasta el momento no cuentan con una respuesta oficial de los organismos militares.
Violencia en Bolívar: las víctimas identificadas en las comunidades piaroa
Entre las víctimas identificadas recientemente figura Alberto Tovar, cuya muerte se suma a otros casos denunciados en medio de una situación que, según los testimonios, se viene agravando desde hace meses. También se reportó el asesinato de Alberto González, integrante del pueblo Hottuja, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN): su cadáver habría sido localizado enterrado en los alrededores de su comunidad, Rimu Aje, también conocida como Caño Chispita, una población que habría sufrido reiteradas incursiones de grupos armados.
Aunque no existe una cifra oficial de víctimas, las denuncias estiman que más de cinco indígenas podrían haber sido asesinados en esa comunidad del Alto Suapure. El temor a represalias mantiene muchos de estos casos sin documentación pública, por lo que el número real podría ser mayor.
Una disputa armada que se habría intensificado en el último año
Según la fuente citada, el ELN mantiene presencia en el sur del municipio Cedeño desde hace aproximadamente tres décadas, con un perfil relativamente discreto durante buena parte de ese tiempo. La situación habría cambiado hacia finales del año pasado, cuando comenzaron a ingresar facciones disidentes de las FARC, dando paso a una disputa armada marcada —siempre según ese testimonio— por episodios de extrema violencia, torturas, muertes y desapariciones que no se limitarían a sectores aislados, sino que se estarían extendiendo por territorios próximos a comunidades indígenas y localidades del entorno de Los Pijiguaos.
La misma fuente denunció la desaparición de un contratista conocido en la zona, identificado como Enzo Zocodela, quien llevaría aproximadamente tres meses sin ser localizado tras haber sido llevado por personas armadas, y mencionó presuntos secuestros de jóvenes en sectores como Morichalito.
Minas antipersonales y comunidades que ya no pueden cazar
Como antecedente de la inseguridad en la región, el informante recordó un incidente ocurrido el 17 de mayo, cuando un indígena Mapoyo de la comunidad de Palomo habría resultado herido por una mina antipersonal, con lesiones que le ocasionaron la pérdida del pie derecho, un señalamiento sobre artefactos en zonas de tránsito comunitario y espacios agrícolas como los conucos que, de confirmarse, añadiría otro elemento de gravedad al cuadro denunciado.
La violencia también estaría alterando las formas tradicionales de vida de los Hottuja: las restricciones de movilidad denunciadas impedirían incluso salir a cazar, una actividad fundamental para su alimentación, y la presión armada estaría provocando el desplazamiento forzado de familias que abandonan viviendas, conucos y territorios ancestrales para proteger sus vidas. Uno de los casos más preocupantes es el de Rimu Aje, comunidad de aproximadamente 80 familias que había desarrollado una empresa comunitaria de cultivo de cacao y cosecha de sarrapia, con permisos para exportar su producción, y cuyo esfuerzo económico y social estaría hoy amenazado por las incursiones armadas.
Cuestionamientos a la respuesta militar y una hipótesis por verificar
La fuente también cuestionó la actuación de los organismos de seguridad destacados en Los Pijiguaos: asegura que en la zona existe presencia de unidades del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana, pero que los efectivos se limitarían a acudir a los lugares donde ocurren los hechos, verificar las situaciones y retirarse, sin acciones que detengan la expansión de estos grupos. Sobre los posibles intereses detrás de la disputa, planteó como hipótesis personal —sin pruebas, según aclaró— el control de recursos naturales como el oro y los diamantes, más allá de las rutas del narcotráfico, una línea que queda pendiente de verificación.
Ante este escenario, las denuncias exigen una actuación urgente del Estado venezolano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para esclarecer los asesinatos y las desapariciones, investigar la presencia de minas antipersonales, recuperar el control territorial y garantizar la protección de las comunidades del Alto Suapure, el Alto Parguaza, Palomo y otras localidades del sur de Cedeño, mientras persiste el temor de que la violencia siga avanzando sobre territorios ancestrales y ponga en riesgo la vida, la cultura y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas del estado Bolívar.
