La reforma de la Ley contra el Odio entró en una ronda de consultas entre la Asamblea Nacional y organizaciones no gubernamentales.
La reforma de la Ley contra el Odio entró en una ronda de consultas entre la Asamblea Nacional y organizaciones no gubernamentales, en un encuentro celebrado este miércoles 11 de noviembre en el que las partes buscaron un consenso para orientar la norma hacia la convivencia democrática y la paz. La diputada América Pérez, integrante de la comisión parlamentaria encargada de la reforma, explicó que las mesas de trabajo apuntan a garantizar la libertad de pensamiento y la libertad de expresión.
Durante la jornada, la parlamentaria reconoció que alrededor del proceso de modificación de la normativa existen posiciones encontradas y diferentes formas de ver la reforma. Aun así, enfatizó que hay un horizonte común entre los sectores sociales asistentes, los partidos políticos y el Ejecutivo: establecer decisiones institucionales y un marco legal sólido que salvaguarde la tranquilidad del país.
Reforma de la Ley contra el Odio: qué se discutió con las ONG
El encuentro reunió a la comisión de la Asamblea Nacional con ONG de orígenes políticos y de pensamiento diversos. Según Pérez, esa participación activa de organizaciones distintas es pertinente para la reforma, y los elementos sustantivos del nuevo articulado deben priorizar el respeto absoluto a las distintas visiones que conviven en la sociedad venezolana.
La diputada sostuvo que en la sociedad venezolana prevalece un consenso sobre la necesidad de mantener la paz como vehículo hacia la prosperidad y el progreso. Ese clima de estabilidad, afirmó, es indispensable para que los jóvenes continúen su formación académica sin pausas, las mujeres logren su pleno desarrollo y los trabajadores asistan a sus puestos sin contratiempos, en medio de un proceso político en el que también avanzan temas como las liberaciones en Venezuela que se reactivan el 12 de noviembre.
Responsabilidad de medios y redes, en el centro del debate
En cuanto al ecosistema mediático, Pérez puntualizó que los debates buscan sumar aportes a la ley para proteger el derecho a la información, exigiendo a la vez que los medios de comunicación y las redes sociales asuman su responsabilidad al expresarse, dado su rol como actores de la vida política y ciudadana.
La Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces ha sido una de las normas más debatidas del país: sus críticos la han señalado como un instrumento que puede castigar la disidencia, mientras sus defensores la presentan como una herramienta contra la incitación a la violencia. Que hoy su reforma se discuta con ONG y se plantee en términos de libertad de expresión marca el centro de la atención sobre el texto que finalmente proponga la comisión.
Lo que sigue para la reforma de la Ley contra el Odio
La jornada de este miércoles forma parte de las consultas previas a la redacción del nuevo articulado. La comisión no anunció fechas para la presentación del proyecto ni detalló qué artículos concretos se modificarían, por lo que el alcance real de la reforma se conocerá cuando el texto llegue al pleno, en un Parlamento que esta misma semana retoma en la mesa de diálogo las inhabilitaciones políticas en su cuarta ronda.
Por ahora, el dato verificable es el proceso: Asamblea Nacional y ONG están sentadas en la misma mesa, con posiciones encontradas reconocidas en público por la propia diputada que integra la comisión, y con la libertad de expresión y de pensamiento como los principios que, según Pérez, la reforma dice querer garantizar.
Organizaciones de derechos humanos y gremios de la comunicación han seguido de cerca estas consultas, porque el texto final definirá si la reforma reduce los márgenes de discrecionalidad que la norma vigente otorga a las autoridades al sancionar contenidos, o si mantiene intacto ese esquema con cambios solo de lenguaje.
