Las liberaciones en Venezuela de personas privadas de libertad se reactivarán a partir de este miércoles 12 de noviembre.
Las liberaciones en Venezuela de personas privadas de libertad se reactivarán a partir de este miércoles 12 de noviembre, anunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, tras una reunión de trabajo con los actores del sistema de justicia penal. El parlamentario explicó que se retomará el abordaje en los centros de detención preventiva para agilizar los procesos y garantizar la excarcelación de quienes correspondan a los distintos beneficios establecidos en la ley.
«Se reactivará el abordaje en los centros preventivos, en función de agilizar todo el proceso y garantizar la excarcelación de personas privadas de libertad y lo que correspondan de los distintos beneficios», resaltó Infante. En la reunión participaron el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y el Cicpc, junto a diputados de la comisión que acompaña la transformación del sistema judicial iniciada este año 2026.
Liberaciones en Venezuela: una instrucción de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Cabello
Infante precisó que la reactivación es una instrucción directa de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. La Asamblea Nacional acompañará todo el proceso, que forma parte de la transformación del sistema de justicia penal que el oficialismo puso en marcha este año y que incluye la revisión de los retardos procesales que mantienen a miles de personas presas sin sentencia firme.
El diputado Jorge Arreaza agregó que el Parlamento plantea formar un gran equipo con los actores de la administración de justicia para acelerar los tiempos judiciales y eliminar el retardo. Arreaza sostuvo que espera que se realicen juicios en libertad, como contempla la Constitución, que se otorguen medidas de beneficio, que se calculen las redenciones de pena por trabajo y estudio y que se determine si alguna persona tiene un problema de salud que impida mantenerla privada de libertad.
Sin beneficios para delitos graves
Arreaza también expresó su expectativa de que desaparezcan los centros de detención preventiva, donde se aglomeran privados de libertad en espacios que no tienen las condiciones de un centro penitenciario formal, una de las denuncias más repetidas por las organizaciones de derechos humanos. Y aclaró el límite del anuncio: el ciudadano que haya cometido delitos graves como narcotráfico, asesinato o violaciones «no tiene ningún tipo de medida o beneficio posible».
«Yo espero que este año estén dadas las condiciones para que ya este método logre liberar, dar juicio con libertad a la mayor cantidad de personas y que luego el sistema de justicia, el nuevo TSJ, se ocupe de que el método sea permanente», culminó el parlamentario. Según Arreaza, la corresponsabilidad entre los poderes Ciudadano, Judicial y Legislativo, bajo el impulso del Ejecutivo, dará buenos resultados.
El anuncio llega días después de que la negociadora opositora Dinorah Figuera adelantara que Jorge Rodríguez le había comunicado en la mesa de diálogo que estaban «a las puertas» de anunciar nuevas excarcelaciones de presos políticos, y de que se concretaran liberaciones puntuales como las de los excarcelados del caso Paramacay. Las organizaciones de derechos humanos contabilizaban 322 presos políticos al 26 de octubre, pese a la Ley de Amnistía, por lo que familiares y defensores estarán atentos desde este 12 de noviembre a que las liberaciones anunciadas incluyan también a los detenidos por motivos políticos y no solo a procesados comunes con beneficios vencidos.
El hacinamiento en los calabozos policiales es uno de los problemas más graves del sistema: organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado durante años que los centros de detención preventiva, diseñados para retener a una persona por horas o pocos días, albergan a miles de reclusos durante meses y años en condiciones insalubres. Que el propio Parlamento oficialista reconozca ahora la necesidad de eliminar esos centros y de revisar caso por caso la situación de los detenidos marca, al menos en el discurso, un giro que los familiares de los presos llevan una década reclamando en las puertas de los tribunales.
