La nueva ley eléctrica aprobada por la Asamblea Nacional es «un primer paso», pero no trae alivio inmediato para el Zulia. Así lo afirmó este miércoles 11 de noviembre el dirigente opositor Rafael Ramírez Colina, exalcalde de Maracaibo, quien reconoció la apertura que introduce la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y, al mismo tiempo, advirtió que la norma carece de las garantías indispensables para una solución estructural y definitiva a la crisis energética que golpea al país y, en particular, al occidente venezolano.
Ramírez Colina agradeció el respaldo del Gobierno de Estados Unidos para la aprobación del instrumento, al considerar que sin ese impulso la ley «ni siquiera se hubiese discutido ni aprobado en el país». Pero fue enfático en el límite práctico del avance: «Esta ley no acaba a corto plazo con el racionamiento de más de seis horas diarias que llevamos más de una década padeciendo. Tampoco borra los 27 años de desinversión, ineficiencia y corrupción de quienes hoy pretenden presentar fórmulas mágicas, como si acabaran de llegar al poder. Aun así, reconocemos que es un primer paso indispensable en la reconstrucción del sistema», precisó.
La nueva ley eléctrica y sus inconsistencias, según Ramírez Colina
El exalcalde valoró la apertura a la inversión privada como el núcleo operativo de la reforma, porque permitiría garantizar mantenimiento técnico, atención oportuna y esquemas tarifarios acordes con la realidad socioeconómica venezolana. La reforma de la ley eléctrica en Venezuela aprobada esta semana abre la generación a empresas privadas con concesiones de hasta 25 años, un giro frente al modelo centralizado que rigió el sector durante décadas.
Sin embargo, Ramírez Colina advirtió sobre inconsistencias estructurales que, a su juicio, amenazan con ahuyentar los capitales que el sector necesita: la falta de autonomía frente al Estado, la incertidumbre legal para los inversionistas y la ausencia de mecanismos claros de repago. «La nueva Superintendencia de Servicio Eléctrico mantiene una subordinación directa al Ministerio de Energía Eléctrica. Esto perpetúa el control político y la discrecionalidad oficial sobre las decisiones del sector; pero además deja mucha incertidumbre legal porque no hay un arbitraje obligatorio, lo que debilita las garantías legales de los inversionistas», sostuvo. También cuestionó que la ley no defina cómo será remunerada la inversión privada de gran envergadura sin trasladar ese costo a los usuarios finales.
Autosuficiencia para el Zulia y un fondo especial de inversión
Frente a ese escenario, el dirigente ratificó su propuesta de autosuficiencia y descentralización eléctrica para el Zulia: que la gestión regional pase formalmente a operadores privados, como funcionó en el pasado a través de Enelven. Además, exigió la creación inmediata de un Fondo Especial de Inversión para el Zulia, supervisado técnicamente por el Departamento de Energía de Estados Unidos y articulado por una comisión de ingenieros y expertos zulianos encargados de diseñar e implementar la salida definitiva a la crisis.
«El racionamiento implacable de seis horas certifica el colapso del modelo centralista. Tras un año asegurándole al país que las termoeléctricas eran la solución, ahora cambian el discurso para improvisar con barcazas. Ese vaivén técnico solo demuestra la negligencia e incompetencia con la que se ha administrado el derecho elemental de los zulianos a contar con energía eléctrica», concluyó Ramírez Colina. Sus declaraciones llegan en una semana en la que el occidente volvió a sufrir cortes prolongados, como el apagón en el Zulia que dejó a oscuras tres municipios de la zona petrolera, y en medio de las protestas laborales del sector, con trabajadores de Corpoelec que exigen en Caracas utilidades de 1.600 dólares.
