La reforma de la ley eléctrica en Venezuela quedó aprobada este martes por unanimidad en la Asamblea Nacional, después de tres aplazamientos del debate definitivo. La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico abre la generación de electricidad a empresas mixtas y privadas, con concesiones de hasta 25 años, en un intento por atraer inversión a un sector castigado por más de una década de crisis y por apagones que este año se han hecho más frecuentes.
El texto establece que la generación ya no será tarea exclusiva de la operadora estatal: también podrán ejercerla empresas mixtas y privadas que reciban la habilitación correspondiente. Las concesiones las otorgará el Ministerio de Energía Eléctrica cuando se trate de proyectos de más de 50 megavatios o que toquen bienes de dominio público, redes troncales de transmisión o áreas de servicio exclusivo. Al terminar la habilitación, la empresa deberá devolver a Corpoelec, libres de gravámenes, todos los bienes que haya incorporado o construido durante su vigencia.
Reforma de la ley eléctrica en Venezuela: apertura sin privatización, según Jorge Rodríguez
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, defendió la norma durante la sesión y marcó el límite que, según el oficialismo, no se cruza: la ley «no promueve en modo alguno la privatización» del sector, pero sí «la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad». En su lectura, los privados podrán atender sobre todo a los grandes consumidores, como industrias y centros comerciales, en un país donde el sistema eléctrico fue nacionalizado en 2007 y donde la falta de mantenimiento y la corrupción, según la oposición y los expertos, explican buena parte del deterioro.
La reforma no llega sola. Forma parte de una cadena de cambios legales con los que el Gobierno busca abrir sectores estratégicos al capital extranjero, en la misma línea de la apertura petrolera y de frentes como la deuda de Pdvsa, cuyos acreedores piden reestructurarla para desbloquear capital. Para las petroleras, la ley trae una obligación concreta: deben garantizarse su propio suministro continuo mediante autogeneración, cogeneración o contratos con terceros, y no necesitarán autorización estatal para generar la energía de sus redes internas mientras no se conecten a la red nacional.
Multas de hasta 2 % de los ingresos y penas de cárcel por hurto de energía
El capítulo sancionatorio es severo. Las empresas que incumplan las normas de sus instalaciones, desobedezcan instrucciones de la autoridad o se nieguen a entregar información o a permitir inspecciones podrán ser multadas con hasta el 2 % de sus ingresos brutos de los doce meses anteriores. El hurto de equipos eléctricos se castiga con penas de dos a cinco años de prisión, y el hurto de energía con fines de lucro, mediante conexiones no autorizadas de más de 5.000 kilovatios hora al mes, con dos a seis años. Las controversias que no se resuelvan de forma amistosa podrán ir a los tribunales venezolanos o a mecanismos de mediación y arbitraje.
El telón de fondo es una crisis que los venezolanos viven a diario: apagones más largos, protestas en varios estados y una demanda que crece mientras la generación no alcanza. Voces opositoras como la de Henrique Capriles han insistido en que hace falta un plan de recuperación del sistema eléctrico con cifras claras, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que «pronto» llegará el alivio. La prueba de la nueva ley será si el capital privado efectivamente entra y si los megavatios aparecen antes de que la paciencia del país se agote, en semanas marcadas además por reclamos salariales como el paro nacional convocado para el 16 de noviembre.
