Monómeros, la mayor productora de fertilizantes de Colombia y filial de la estatal venezolana Pequiven, se encuentra en un delicado equilibrio entre las decisiones políticas y los movimientos comerciales. La empresa, que controla aproximadamente el 40% del mercado de fertilizantes en Colombia y emplea a más de 400 personas, ha sido puesta en venta por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta decisión busca anticiparse a posibles sanciones que la administración del presidente electo Donald Trump podría imponer tras asumir el cargo en enero de 2025.
La situación se complica aún más debido a los recientes informes sobre movimientos financieros cuestionables relacionados con Monómeros. Desde agosto, investigaciones del diario El Colombiano han revelado transferencias sospechosas hacia una compañía en Hong Kong, vinculadas a Pdvsa y Pequiven, lo que ha generado alarmas sobre el cumplimiento de sanciones internacionales.
Monómeros fue sancionada en 2017 bajo la orden ejecutiva 13808 del Departamento del Tesoro de EE. UU., que prohibió la reestructuración de deuda venezolana y bloqueó la participación en los dividendos de Pdvsa y sus filiales.
En 2022, algunas restricciones fueron levantadas para permitir operaciones comerciales limitadas, pero los vínculos con Pequiven y Pdvsa continúan bajo el escrutinio de Washington. La urgencia por vender Monómeros proviene del temor a que las nuevas sanciones desvaloricen aún más los activos venezolanos en el extranjero.
Las negociaciones para la venta de Monómeros han avanzado significativamente, con un acuerdo valorado en aproximadamente 300 millones de dólares que estaba prácticamente cerrado. Sin embargo, el presidente colombiano Gustavo Petro emitió un comunicado sorpresivo el 8 de noviembre, expresando su oposición a la privatización de la compañía.
En su carta dirigida a Maduro y al ministro de Industria y Producción Nacional, Álex Saab, Petro argumentó que la venta implicaría un encarecimiento de los productos agrícolas primarios en Colombia y Venezuela, afectando directamente a millones de campesinos que dependen de estos insumos.
Petro destacó que Monómeros ha beneficiado a las comunidades agrícolas durante más de cinco décadas al ofrecer productos a precios justos. En su misiva, advirtió que la privatización podría condenar a la pobreza y el hambre a muchas familias en ambos países, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria regional.
La oposición pública de Petro ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato de Monómeros. A pesar del avance en las negociaciones, es incierto si Maduro tomará en cuenta las preocupaciones expresadas por su homólogo colombiano. Históricamente, las relaciones entre ambos gobiernos han sido tensas y caracterizadas por desconfianza mutua.
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El hecho de que Petro haya estado informado sobre las negociaciones desde el principio añade una capa adicional de complejidad a esta situación. A pesar de su aparente apoyo inicial a la venta, su cambio repentino de postura plantea interrogantes sobre las dinámicas políticas internas tanto en Colombia como en Venezuela.
La venta de Monómeros no solo tiene repercusiones políticas; también podría tener un impacto significativo en la economía agrícola regional. Con Monómeros controlando una parte considerable del mercado de fertilizantes, su privatización podría alterar drásticamente los precios y la disponibilidad de insumos agrícolas esenciales para los agricultores colombianos y venezolanos.
Además, si Trump implementa nuevas sanciones contra Venezuela al asumir el cargo, esto podría complicar aún más cualquier intento futuro por parte del gobierno venezolano para recuperar o mantener sus activos fuera del país. La presión internacional sobre Maduro para que se adhiera a las normativas económicas también podría intensificarse si se percibe que está tratando de evadir sanciones mediante transacciones opacas.
