Perkins Rocha, abogado del Partido Vente Venezuela y representante legal de María Corina Machado, condenó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por negarle al equipo de la dirigente política el acceso a documentos que sustentan el expediente que supuestamente muestra la razón de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La causa dada por la Sala fue que el expediente estaba siendo tramitado por Malaquias Gil, Relator y Presidente de la misma. Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede, ya que también ocurrió el 19 de diciembre de 2023.
Por segunda vez, la Sala Política Administrativa del TSJ nos ha negado el acceso al documento para su revisión, y no sólo desconocemos las diligencias realizadas, sino especialmente de la primera fuente sobre el supuesto cumplimiento de los requisitos” resaltó Rocha.
Tras este obstáculo, el equipo de Machado desconoce qué procedimientos se están realizando, ya que tampoco hay información sobre el cumplimiento de la solicitud de la Oficina Política y Administrativa a la Contraloría General de la República para documentar los antecedentes administrativos del caso, en particular el acto administrativo que sustenta la inhabilitación del Coordinador Nacional de Vente Venezuela.
Rocha alertó que este impedimento coloca al candidato o candidata presidencial de la oposición en una situación jurídicamente indefensa. “La Sala colocó a María Corina Machado en una posición peligrosa de indefensión e incapacidad de comprender el proceso judicial que se estaba administrando” fueron las palabra del abogado difundidas en su cuenta X.
De Interés
De igual forma, indicó que el TSJ puso en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de Barbados y, en particular, la obligación de la Sala de atender las demandas del Poder Judicial de revisión de las mismas.
Desde la firma del Acuerdo de Barbados, Machado ha insistido en que el documento permitirá que las elecciones presidenciales, previstas para este año, se celebren en mejores condiciones, incluida la ausencia de inhabilitaciones políticas. A estos efectos, cada dirigente que se encuentre en esta situación debía interponer un recurso administrativo contra las medidas que le impiden ejercer cargos públicos y solicitar protección preventiva en el plazo del 19 de diciembre de 2023. Machado se negó a solicitar cualquier revisión, alegando que no hubo ninguna acción administrativa formal que respaldara su descalificación porque afirmó que nunca recibió ninguna notificación.
Pese a esto, una vez que llegó la fecha límite, la dirigente se acercó a la sede del Poder Judicial para introducir una demanda de reclamación por vía de hecho, en la cual calificó la medida en su contra como “un acto inexistente”.
