El gobierno de Donald Trump ha anunciado una medida que revocará el estatus legal temporal de más de 530,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos en Estados Unidos, a partir del 24 de abril. Esta decisión pone fin al programa de ‘parole’ humanitario implementado durante la presidencia de Joe Biden, que permitía a estos inmigrantes ingresar al país legalmente y permanecer hasta dos años.
El programa, inicialmente diseñado para venezolanos en 2022, se expandió a cubanos, haitianos y nicaragüenses un año después, en un contexto de altos niveles de migración ilegal desde estos países.
El programa de ‘parole’ humanitario fue lanzado por el gobierno de Joe Biden como una medida para ofrecer una vía legal de ingreso a Estados Unidos a personas de estas nacionalidades. En un momento en que la migración ilegal era un tema candente, el programa buscaba proporcionar una alternativa segura y legal para aquellos que buscaban refugio o oportunidades en el país. Durante su vigencia, el programa benefició a aproximadamente 532,000 personas.
La decisión de Trump de revocar este estatus legal temporal podría tener consecuencias significativas para los beneficiarios del programa. Aunque algunos han podido cambiar su estatus migratorio a uno más permanente, muchos otros se enfrentan a la posibilidad de ser deportados si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país. Esta medida forma parte de una política migratoria más restrictiva impulsada por la administración Trump, que busca intensificar el control fronterizo y reducir la inmigración irregular.
La administración Trump ha argumentado que los programas de ‘parole’ humanitario, como el implementado por Biden, han sido utilizados de manera indiscriminada, permitiendo la entrada de 1.5 millones de inmigrantes al país. Según el Departamento de Seguridad Nacional, estos programas no han logrado reducir la migración irregular ni mejorar la seguridad fronteriza, sino que han generado presión sobre las comunidades locales y los recursos públicos.
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Trump ya había expresado su intención de terminar con los programas de ‘parole’ humanitario en una orden ejecutiva firmada en su primer día de mandato. En enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció planes para eliminar gradualmente estos programas, aunque no especificó cuáles serían los primeros en ser afectados. La decisión actual se alinea con esta política más restrictiva hacia la inmigración.


