El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el viernes 21 de marzo de 2025 una medida que impactará a cientos de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. A partir del 24 de abril, estas personas perderán su estatus legal bajo el programa de permiso humanitario conocido como CHNV o «parole», lo que las expone a la posibilidad de deportación. La decisión ha generado una ola de reacciones y ha sido impugnada en los tribunales.
Estados Unidos elimina estatus legal de cubanos, haitianos y venezolanos
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la revocación del estatus legal afectará a aproximadamente 532.000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos bajo el programa CHNV, establecido inicialmente por el expresidente Joe Biden en octubre de 2022. Este programa permitía la entrada de hasta 30.000 inmigrantes al mes de las cuatro nacionalidades mencionadas, siempre que llegaran por vía aérea y contaran con patrocinadores locales.
Noem justificó la decisión del DHS al calificar el programa como «temporal», afirmando que su propósito original era aliviar la presión migratoria en la frontera sur del país. Sin embargo, la medida ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y grupos comunitarios que apoyan a los inmigrantes.
Welcome.US, una organización dedicada a ayudar a quienes buscan refugio en Estados Unidos, instó a los afectados a buscar asesoramiento legal «inmediatamente». La urgencia de esta recomendación se debe a que muchos inmigrantes ahora enfrentan un futuro incierto y potencialmente peligroso si no logran regularizar su situación antes de la fecha límite.

Además, la decisión del DHS ya ha sido impugnada en los tribunales federales. Un grupo compuesto por ciudadanos e inmigrantes estadounidenses ha presentado una demanda contra la administración Trump, argumentando que la revocación del permiso humanitario es injusta y perjudica a miles que han buscado una vida mejor en Estados Unidos.
El programa CHNV fue diseñado como una respuesta humanitaria a las crisis políticas y económicas en estos países latinoamericanos. Sin embargo, con la revocación del estatus legal, muchos se ven obligados a enfrentar la posibilidad de regresar a situaciones adversas en sus países de origen, donde la inestabilidad y la violencia son comunes.
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En medio de esta controversia, el presidente Donald Trump ha anunciado que tomará decisiones sobre el futuro de otros programas de refugio, incluyendo el permiso humanitario para aproximadamente 240.000 ucranianos que han llegado a Estados Unidos debido al conflicto con Rusia. Trump ha prometido llevar a cabo una campaña masiva de deportaciones y frenar la inmigración desde naciones latinoamericanas, lo que ha generado temores sobre un endurecimiento aún mayor de las políticas migratorias.
La decisión del Departamento de Seguridad Nacional de revocar el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes marca un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense bajo la administración Trump. Mientras los afectados buscan asesoramiento legal y tratan de adaptarse a esta nueva realidad, el futuro para muchos permanece en la balanza. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan presionando para revertir esta medida, argumentando que cada vida afectada es un testimonio del costo humano detrás de las decisiones políticas. Con la fecha límite acercándose rápidamente, el tiempo se agota para aquellos que esperan encontrar una solución a su situación precaria.


