Empleados de la Voz de América (VOA), junto con la organización Reporteros sin Fronteras y varios sindicatos, han presentado una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump por el cierre de la organización de noticias financiada por Estados Unidos. La demanda, presentada en una corte federal de Nueva York, busca que el tribunal restablezca el funcionamiento de VOA, argumentando que su cierre viola la libertad de expresión y usurpa el control del Congreso.
El pasado 15 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva para desmantelar siete agencias federales, incluyendo la Agencia de EE.UU. para los Medios Globales (USAGM), bajo la cual opera VOA. Esta medida ha dejado a más de 2,000 empleados en situación de baja administrativa y ha interrumpido las emisiones de noticias en 49 idiomas, que alcanzaban a una audiencia semanal de más de 361 millones de personas.
La demanda sostiene que el cierre de VOA elimina una fuente crucial de noticias objetivas en muchas partes del mundo, dejando solo medios censurados y patrocinados por el Estado. Además, se argumenta que la acción del gobierno viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y usurpa el control del Congreso sobre la financiación de las agencias federales.
La decisión de Trump ha sido vista como un ataque a la libertad de prensa y a la democracia internacional. La Voz de América, establecida durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido un instrumento clave en la difusión de información objetiva en regiones con regímenes autoritarios. Su cierre ha sido celebrado por países como Rusia y China, que consideraban a VOA una fuente de propaganda estadounidense.
La comunidad periodística y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el vacío informativo que deja el cierre de VOA y otros medios subvencionados, como Radio Free Europe/Radio Liberty y Radio TV Martí.
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La demanda enfrenta un desafío significativo en la corte federal, ya que debe demostrar que el cierre de VOA viola la Constitución y que el gobierno ha excedido sus poderes. Además, la decisión de Trump ha generado un debate sobre el papel de los medios de comunicación financiados por el Estado en la política exterior estadounidense y su influencia en la difusión de información en el mundo.
La situación también ha resaltado las tensiones entre la Administración Trump y el Congreso sobre el control de las agencias federales y la asignación presupuestaria.
