La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha ratificado las condenas impuestas a 17 acusados por el magnicidio frustrado que tuvo lugar el 4 de agosto de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro se encontraba en un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas.
Este evento, que marcó un hito en la historia reciente del país, involucró un intento de asesinato mediante el uso de drones cargados con explosivos, y dejó al presidente ileso, pero generó una ola de detenciones y condenas que aún resuenan en la sociedad venezolana.
El pasado 23 de agosto, la Sala Penal recibió nueve recursos de casación presentados por los abogados de los condenados, quienes argumentaban irregularidades en el juicio. Sin embargo, las denuncias fueron desestimadas por los magistrados, quienes confirmaron las sentencias previas.
La magistrada Elsa Gómez, junto a sus colegas Carmen Marisela Castro y Maikel Moreno, redactó la sentencia 682, donde se reafirma la culpabilidad de los acusados en relación con homicidio intencional calificado en grado de frustración y otros delitos asociados.
Acusados de intento de magnicidio
El juicio contra los acusados se desarrolló entre el 2 de diciembre de 2019 y el 2 de agosto de 2022. Durante este tiempo, se llevaron a cabo 91 audiencias y se escucharon testimonios de más de 193 funcionarios. Finalmente, el Tribunal Nacional Primero de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos derivados del terrorismo emitió condenas que oscilan entre cinco y 30 años de prisión.
De los 17 procesados, 12 fueron condenados a la pena máxima de 30 años. Entre ellos se encuentran tres militares: el general Alejandro Pérez Gámez, quien era director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); el coronel Pedro Javier Zambrano Hernández; y Juan Carlos Monasterio Vanegas, sargento mayor en situación de retiro.
También fueron condenados los pilotos de los drones involucrados en el ataque: Bryan de Jesús Oropeza Ruiz, Argenis Gabriel Valera Ruiz y Alberto José Bracho Rosques. Además, se incluyeron en las condenas a varios presuntos colaboradores del atentado, como Yolmer José Escalona Torrealba, quien supuestamente preparó los drones con explosivos, y Emirlendris Carolina Benítez Rosales, una empresaria señalada como cómplice.
Las defensas argumentaron que el tribunal había rechazado pruebas que podrían haber favorecido a algunos acusados. En particular, se mencionó que no se permitió presentar una nueva prueba que supuestamente beneficiaba al general Pérez Gámez. Sin embargo, la Sala Penal determinó que estas cuestiones no eran pertinentes para un recurso de casación.
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El caso ha sido objeto de controversia desde su inicio. Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado violaciones al debido proceso durante las detenciones y juicios. Se han reportado alegaciones sobre torturas y tratos crueles a algunos detenidos durante su tiempo en custodia.
El atentado frustrado contra Maduro se produjo durante una ceremonia conmemorativa por el 81 aniversario de la GNB. Mientras Maduro pronunciaba un discurso ante una multitud, drones cargados con explosivos fueron activados cerca del escenario. Aunque el presidente salió ileso del ataque, siete personas resultaron heridas debido a las explosiones.
