Un tribunal federal ha emitido una orden de restricción temporal que prohíbe la transferencia de tres inmigrantes venezolanos al Centro de Detención de la Base Naval de Guantánamo en Cuba. Esta decisión, tomada el domingo, se enmarca en las medidas de inmigración implementadas por la administración del expresidente Donald Trump, y refleja las crecientes preocupaciones sobre el tratamiento de los inmigrantes en el contexto de la crisis migratoria venezolana.
Tribunal interviene en caso de inmigrantes
Los abogados de los inmigrantes argumentaron que sus clientes «encajan en el perfil de aquellos que la administración ha priorizado para la detención en Guantánamo». En documentos legales presentados ante el tribunal, señalaron que los hombres fueron detenidos en el área de El Paso bajo acusaciones infundadas de conexiones con la banda criminal Tren de Aragua. Esta organización, que surgió en una prisión venezolana hace más de una década, ha sido objeto de creciente atención debido a su expansión y su implicación en actividades delictivas tanto en Venezuela como en otros países.
➡️ Tribunal federal detiene el envío de tres inmigrantes venezolanos a la Base Naval de Guantánamo.
➡️ @cancino_jorge, editor de inmigración de Univision Noticias, explica lo que esto podría implicar para el futuro de ese programa.
Informa @SatchaPretto pic.twitter.com/D1MNTZSDw2
— Univision Noticias (@UniNoticias) February 10, 2025
La denuncia presentada ante el tribunal solicitó protección legal para los inmigrantes, destacando la falta de claridad respecto a su acceso a procesos legales y asistencia de abogados. La agencia de noticias AP reseñó que el juez Kenneth J. Gonzales, quien presidió la audiencia, aprobó la solicitud de los abogados, indicando que esta es una «solución a corto plazo» que será revisada en las próximas semanas. Jessica Vosburgh, una de las abogadas del caso, comentó: “Esto se revisará y se desarrollará más en las próximas semanas.”
La acción legal fue impulsada por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo el Centro para Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Asesoría Inmigrante Las Américas. Estas entidades han expresado su preocupación por el uso de Guantánamo como un «agujero negro legal», donde los detenidos enfrentan serios riesgos en términos de acceso a derechos legales fundamentales.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la semana pasada que se habían llevado a cabo vuelos con detenidos hacia Guantánamo, lo que ha generado inquietudes entre defensores de derechos inmigrantes. En respuesta a esta situación, grupos activistas enviaron una carta el viernes exigiendo acceso inmediato a las personas trasladadas al centro de detención.
También te puede interesar: Estados Unidos traslada a miembros del Tren de Aragua a Guantánamo
La crisis en Venezuela ha llevado a millones de personas a huir del régimen del presidente Nicolás Maduro, buscando asilo en otros países de América Latina y Estados Unidos. La situación se complica aún más con la presencia del Tren de Aragua, cuya actividad criminal ha aumentado en medio del éxodo masivo. Las autoridades han señalado que muchos inmigrantes son injustamente acusados de tener vínculos con esta banda, lo que pone en riesgo su seguridad y bienestar.
Desde la inauguración del expresidente Trump el 20 de enero, más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones de cumplimiento migratorio, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Trump ha manifestado su compromiso de deportar a millones de las aproximadamente 11.7 millones de personas que se estima viven en Estados Unidos sin autorización.
La orden de restricción temporal representa un respiro para los tres inmigrantes venezolanos que se enfrentan a la posibilidad de ser trasladados a un lugar donde sus derechos legales podrían verse comprometidos. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto mientras las organizaciones defensoras continúan luchando por garantizar que estos individuos reciban un trato justo y humano.

A medida que la crisis migratoria en Venezuela persiste y las políticas migratorias continúan evolucionando, el caso subraya la necesidad urgente de un enfoque más compasivo y justo hacia aquellos que buscan refugio y seguridad en Estados Unidos. La atención mediática y pública sobre este asunto podría influir en cómo se manejan futuras detenciones y transferencias, así como en el debate más amplio sobre la inmigración en el país.