La transición en Venezuela exige, como primer paso, terminar de liberar a todos los presos políticos.
La transición en Venezuela exige, como primer paso, terminar de liberar a todos los presos políticos. Así lo planteó Juanita Goebertus Estrada, directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en una entrevista en la que valoró la resistencia de la sociedad civil venezolana y advirtió que los avances registrados desde el 3 de enero todavía son reversibles si no se concretan reformas institucionales profundas.
La visita de Goebertus marca además un hito para la organización: HRW volvió a pisar suelo venezolano en 2026 por primera vez desde 2008, cuando su entonces director regional, José Miguel Vivanco, fue interceptado en un hotel de Caracas, despojado de sus teléfonos y expulsado del país tras presentar un informe crítico con el gobierno de Hugo Chávez. Durante 18 años la organización investigó a Venezuela desde fuera; ahora restablece canales directos con las autoridades.
La transición en Venezuela suma más de 900 liberaciones, pero quedan entre 350 y 500 presos políticos
Goebertus reconoció una serie de cambios posteriores a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y a la llegada de la presidenta interina Delcy Rodríguez: la liberación de más de 900 presos políticos, la promulgación de la Ley de Amnistía, el desbloqueo de páginas web y el cierre de procesos contra líderes de la sociedad civil como Carlos Correa y Rocío San Miguel. La delegación de HRW se reunió en Caracas con la propia Rodríguez, con la ministra Ana María San Juan, con el vicecanciller Oliver Blanco y con el fiscal general Larry Devoe.
Pero la directora de HRW subrayó que esos avances parten de decisiones que podrían retraerse. Según las distintas listas que maneja la organización, todavía quedan entre 350 y 500 presos políticos por liberar, no se han desmontado los organismos de inteligencia y en varios centros penitenciarios sigue habiendo torturas. «Hay avances, los notamos, los destacamos, pero para que esto sea sostenible hay que avanzar en reformas institucionales profundas», afirmó.
Reformar el TSJ, el CNE y el sector de seguridad, entre las medidas urgentes
Entre las medidas más urgentes, Goebertus enumeró la recomposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de todo el sistema judicial para recuperar su independencia, una reforma del sector de seguridad que le quite a los organismos de inteligencia —como el SEBIN y la DGCIM— las funciones de persecución penal y los convierta en fuerzas profesionales contra el crimen organizado, y la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) con un calendario electoral que permita participar a todos los actores, incluidos los líderes opositores hoy fuera del país.
También pidió desmontar el entramado legal usado para perseguir: derogar la ley del odio y la ley contra el terrorismo, y dejar sin efecto la Ley Bolívar y la Ley Resorte, que han impedido el funcionamiento de organizaciones civiles y medios independientes. Su planteamiento coincide en el diagnóstico institucional con voces jurídicas venezolanas que cuestionan la validez de medidas como las inhabilitaciones políticas aplicadas a dirigentes opositores.
«La sociedad venezolana ha resistido de manera heroica»
La abogada y politóloga colombiana, que integró la delegación del gobierno de Colombia en las negociaciones de La Habana con las FARC, destacó el papel de la ciudadanía: «La sociedad venezolana, de manera heroica, en contra de muchísimos ataques y persecución, ha dejado registros y ha documentado todo a detalle». Mantener esa documentación y esa presión pacífica, sostuvo, será clave para preservar la memoria histórica y garantizar los derechos de las víctimas cuando llegue el momento de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.
Goebertus evitó, eso sí, equiparar el proceso venezolano con el colombiano: la transición en Venezuela, explicó, busca reinstitucionalizar el país —reforma de la justicia, del sector seguridad y del sistema electoral— bajo una altísima influencia internacional y el tutelaje de Estados Unidos, lo que la hace muy distinta a una negociación de desmovilización como la de las FARC, que dejó más de 13.000 excombatientes.
La advertencia sobre el petróleo y los acuerdos con Estados Unidos
Su mayor preocupación es económica y política a la vez: que el interés de Washington en los acuerdos petroleros opaque la agenda de derechos humanos. «Si EE. UU. solo se centra en temas económicos, no habrá un incentivo para las reformas institucionales», advirtió, y señaló que la opacidad de esos acuerdos alimenta la misma lógica de corrupción asociada a la renta petrolera que, a su juicio, está en el centro del quiebre de confianza de los venezolanos en sus instituciones.
En un país donde la vida cotidiana sigue marcada por fallas como los bajones eléctricos en Caracas y varios estados, Goebertus cerró con una idea central: el terremoto reciente mostró la doble cara de un Estado represor pero a la vez incapaz de brindar los servicios más básicos, y reconstruir instituciones en las que la ciudadanía vuelva a confiar es la tarea de fondo de la transición.
