Perkins Rocha, abogado y representante legal del Comando Con Venezuela, afirmó este domingo que las inhabilitaciones políticas aplicadas a dirigentes de la oposición venezolana carecen de validez constitucional, porque ninguna de ellas estuvo precedida por una condena penal formal contra las personas sancionadas.
Perkins Rocha, abogado y representante legal del Comando Con Venezuela, afirmó este domingo que las inhabilitaciones políticas aplicadas a dirigentes de la oposición venezolana carecen de validez constitucional, porque ninguna de ellas estuvo precedida por una condena penal formal contra las personas sancionadas.
En una entrevista con la periodista Margarita Oropeza, el jurista sostuvo que corresponde al nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) revisar esas medidas y anularlas de manera definitiva, como parte de la reconstrucción del tejido institucional del país. Su planteamiento pone el foco en uno de los temas que más ha marcado la vida política venezolana de los últimos años: la imposibilidad de postularse a cargos de elección popular que pesa sobre varios líderes opositores.
Las inhabilitaciones políticas son sanciones accesorias, según Perkins Rocha
El argumento central de Rocha es de orden jurídico. Según explicó, una inhabilitación es por naturaleza una sanción accesoria, es decir, una consecuencia que solo puede existir si antes hubo una sanción penal principal impuesta en un juicio. Ese paso previo, afirmó, nunca ocurrió con los dirigentes afectados.
«Las inhabilitaciones son sanciones accesorias a una sanción penal que nunca ocurrieron. Nadie de los que fue inhabilitado fue condenado penalmente», señaló el abogado durante la entrevista. Si no existe la pena principal, razonó, la sanción accesoria pierde su fundamento y no debería producir efectos.
Desde esa misma lógica cuestionó la actuación de la Contraloría General de la República, el organismo que tramitó buena parte de estos procedimientos administrativos. Para Rocha, la vía utilizada dejó fuera las garantías que exige la Constitución cuando se limita un derecho político fundamental como el de ser elegido.
El caso de María Corina Machado y los recursos que plantea
Rocha se refirió de manera expresa a la situación de María Corina Machado y de otros dirigentes sancionados. «¿Dónde estuvo la pena principal que condenó a María Corina Machado y el resto de todos los líderes políticos que fueron inhabilitados? En consecuencia, va a ser el nuevo TSJ el que, para confeccionar el nuevo tejido institucional, debería avanzar sobre las inhabilitaciones», precisó.
El jurista también denunció la falta de transparencia con la que, a su juicio, se comunicaron estas medidas. Recordó que los procedimientos nunca fueron notificados ni publicados de manera formal a los afectados, y que la existencia de las sanciones se conoció a través de anuncios no oficiales difundidos en páginas web, sin un expediente accesible para la defensa.
Ante ese escenario, planteó dos vías concretas: interponer un recurso de hecho en el caso de Machado y presentar recursos de nulidad para el resto de los dirigentes inhabilitados, con el objetivo de que sea el máximo tribunal el que deje sin efecto las medidas y cierre el capítulo.
Libertad de expresión y rechazo a una Constituyente
La conversación no se limitó al tema judicial. Rocha defendió la libertad de expresión como un derecho absoluto e incondicional, cuyo único límite, dijo, debe ser el daño resarcible a través de un Poder Judicial sólido e independiente. En la misma línea, rechazó cualquier forma de intervención estatal sobre los medios de comunicación.
También desestimó la viabilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en el contexto actual. Advirtió que un proceso de esa naturaleza terminaría de fracturar la institucionalidad venezolana, en lugar de repararla, y sostuvo que la reconstrucción republicana requiere un proyecto de unidad nacional, no una nueva ruptura.
Sus declaraciones se producen en un país que sigue debatiendo las condiciones de su vida pública, desde los servicios básicos hasta la presión tributaria sobre la producción. En ese panorama, la anulación de las inhabilitaciones aparece, en la voz de uno de los abogados más cercanos al liderazgo opositor, como una condición para que cualquier competencia electoral futura sea percibida como plena y con garantías para todos los actores.
