Familias de Caraballeda piden actualizar las etiquetas de sus edificios para acceder a créditos

Las familias de Caraballeda que perdieron sus viviendas con el doblete sísmico de junio volvieron a reclamar una salida para su situación: cerca de 400 familias de los urbanismos OPPE 30 y OPPE 34, en esa parroquia del estado La Guaira, solicitaron a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda que actualice la clasificación de sus edificios, un trámite del que depende que puedan optar a los créditos bancarios destinados a los damnificados.

La petición, recogida en un reporte de Unión Radio, expone una traba que los afectados resumen así: sus estructuras quedaron inhabitables tras los terremotos y portan etiquetas rojas, la marca que señala el daño severo, pero en el sistema oficial los inmuebles no figuran como colapsados. Esa discrepancia entre la etiqueta física y el registro es la que les cierra la puerta del financiamiento, porque las entidades evalúan la solicitud sobre lo que dice el sistema y no sobre lo que muestra el edificio.

Las familias de Caraballeda llevan tres meses esperando la nueva inspección

Los residentes aseguran que llevan tres meses en esta situación y que esperan que la comisión realice una nueva inspección de los edificios para actualizar los datos. Solo con esa reclasificación, sostienen, podrán completar los expedientes con los que aspiran a un crédito para adquirir otra vivienda o reparar la suya, dentro de los programas de atención abiertos tras los sismos.

Mientras la inspección no llega, las familias siguen en el limbo que comparten miles de damnificados del Litoral Central: no pueden volver a unos edificios declarados inhabitables, pero tampoco avanzan hacia una solución definitiva porque el papel que certifica su pérdida no coincide con la realidad que dejó el terremoto.

El doblete sísmico del 24 de junio golpeó de lleno a los urbanismos OPPE

Los edificios de las OPPE 30 y 34 forman parte de los conjuntos residenciales levantados en Caraballeda por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, los más golpeados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. Levantamientos técnicos independientes incluyeron a la OPP 30 entre los complejos afectados de la parroquia, junto a torres que se derrumbaron por completo y dejaron a miles de familias sin techo.

Desde entonces, la respuesta oficial se ha canalizado a través del Plan Venezuela Renace, el programa con el que el Gobierno ha entregado viviendas y canalizado financiamientos del Banco del Tesoro para los afectados de La Guaira. Según el balance difundido por el propio plan, hasta finales de octubre se habían entregado o recuperado unas 3.800 viviendas, una cifra que convive con la fila de expedientes que, como el de estas 400 familias, siguen atascados en los requisitos.

Los créditos para damnificados ya arrastraban trabas burocráticas

El caso de Caraballeda no es el único cuello de botella documentado en estos financiamientos. Reportajes de El Pitazo con decenas de afectados encontraron que no existe un procedimiento único para solicitar los créditos del Plan Venezuela Renace: los requisitos cambian según el tipo de edificación, el censo previo y el banco, y entre las condiciones reportadas figuran ingresos fijos comprobables, referencias crediticias recientes y la documentación de la propiedad al día, exigencias difíciles de cumplir para quien lo perdió todo en el sismo.

Por eso la actualización de las etiquetas que piden estas familias es mucho más que un papel: es el primer escalón de la cadena. Si la inspección confirma en el sistema lo que la etiqueta roja ya dice en la pared, sus expedientes podrán por fin entrar en la evaluación bancaria; si no, seguirán sumando meses con una vivienda inhabitable que oficialmente no consta como pérdida total.