Los solicitantes de asilo en Canadá volvieron este lunes al centro de un juicio que puede cambiar la frontera norte de Estados Unidos.
Los solicitantes de asilo en Canadá volvieron este lunes al centro de un juicio que puede cambiar la frontera norte de Estados Unidos. El Tribunal Federal canadiense abrió las vistas para decidir si la normativa que permite devolver a Estados Unidos a quienes piden protección en Canadá vulnera el derecho constitucional a la igualdad, en pleno endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump y entre denuncias por detenciones y deportaciones al sur de la frontera.
Solicitantes de asilo en Canadá: qué se juzga en el Tribunal Federal
El mecanismo en disputa es el Acuerdo de Tercer País Seguro, en vigor desde 2004, que obliga por regla general a pedir asilo en el primero de los dos países al que se llega. En 2023, Ottawa y Washington ampliaron su aplicación a toda la frontera terrestre, incluidos los cruces irregulares, con algunas excepciones, y desde entonces la devolución se convirtió en la respuesta habitual para miles de personas que intentan entrar a Canadá desde territorio estadounidense.
La demanda la impulsan el Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense de Iglesias y dos familias de El Salvador y Siria. Su argumento es que el acuerdo contraviene el artículo 15 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, que reconoce el derecho a la igualdad, porque sus efectos no golpean a todos por igual.
«Perjudica de manera desproporcionada a mujeres, niños y personas LGTBI»
«Este acuerdo con Estados Unidos perjudica de manera desproporcionada a las mujeres solicitantes de asilo, los niños y las personas LGTBI», explicó a EFE Sharry Aiken, profesora de Derecho de la Universidad Queen’s. Según la académica, quienes son devueltos pueden acabar detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y expulsados a sus países de origen o a terceros países, sin que sus solicitudes sean examinadas en Canadá.
«Canadá ha dado la espalda a lo que antes era una tradición humanitaria», lamentó Aiken, que recordó la acogida de miles de refugiados sirios hace una década. «Este acuerdo cierra la puerta, cierra la frontera y convierte a Canadá en una especie de fortaleza», añadió.
4.323 devoluciones, entre ellas 860 menores
Las cifras aportadas al proceso dan la medida del caso: Canadá devolvió a Estados Unidos a 4.323 solicitantes de asilo entre enero de 2025 y marzo de 2026, entre ellos 860 menores de 17 años. En paralelo, un informe publicado el jueves por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense reveló que el número medio diario de personas detenidas por ICE aumentó un 52 % entre abril de 2025 y abril de 2026, hasta 61.817 personas, mientras disminuyó la frecuencia de algunas inspecciones.
El contexto estadounidense es el de una política migratoria en plena tensión: el propio secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se ha dicho dispuesto a trabajar una reforma migratoria con el Congreso, mientras la investigación interna sobre las muertes bajo custodia de ICE mantiene bajo escrutinio las condiciones de los detenidos que Canadá devuelve.
Lo que ya decidió el Supremo y lo que viene ahora
El Gobierno canadiense defiende que Estados Unidos dispone de garantías judiciales para examinar las solicitudes y que existen mecanismos para impedir devoluciones en casos de riesgo. No es la primera vez que los tribunales se pronuncian: en 2023, el Tribunal Supremo canadiense concluyó que la normativa que designa a Estados Unidos como tercer país seguro no vulneraba el derecho a la libertad y a la seguridad personal, pero devolvió la causa al Tribunal Federal para que examinara si contraviene el derecho a la igualdad, que es justo lo que ahora se juzga.
Las vistas continuarán el martes y el jueves, y está prevista otra sesión el 16 de diciembre. Aiken contrastó además la política canadiense con la reciente regularización de inmigrantes en España, aunque precisó que el litigio en Canadá se centra en garantizar el derecho a la igualdad de los solicitantes. Para las familias que cruzan la frontera norte —entre ellas muchas latinoamericanas— la decisión marcará si Canadá sigue siendo una vía de protección o una puerta que se cierra.
