La corrupción en el INE entró en una fase nueva este lunes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza el uso del dinero público en México, confirmó que detectó irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante varios años dentro del Instituto Nacional Electoral y anunció que la investigación avanzará con la colaboración directa de informantes, una figura que el organismo utiliza por primera vez en un caso de este tipo.
En un comunicado, la ASF explicó que los datos iniciales fueron aportados por personas que se acogieron a un programa para reducir sanciones y que conocen desde dentro cómo habrían operado las irregularidades en los contratos de organismos electorales. «Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años», expuso el órgano fiscalizador.
La corrupción en el INE, según los informantes
Entre los elementos ya recabados figuran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de mensajería de WhatsApp y nombres y alias de personas presuntamente involucradas. Con ese material, la Auditoría indicó que ya documentó indicios de que los beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de los requisitos técnicos de las licitaciones para favorecer sus propios intereses.
La investigación se abrió después de que publicaciones periodísticas revelaran presuntos actos de corrupción atribuidos a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, un escándalo que terminó con su renuncia el pasado 26 de octubre. Según esas versiones, una red integrada por al menos siete proveedores del instituto habría simulado competencia en los procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos, presuntamente relacionadas con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.
El órgano fiscalizador aseguró que las pesquisas continuarán «para identificar a más involucrados, rastrear el destino de los recursos y que se impongan las responsabilidades correspondientes» a los responsables del desvío. México vive además otros frentes de seguridad y fiscalización, como el operativo en el que la Marina decomisó una tonelada de cocaína en el Pacífico frente a Acapulco.
Un escándalo en pleno arranque del proceso electoral
La crisis golpea al árbitro electoral mexicano justo al inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre. En ese ciclo se renovarán diecisiete gubernaturas estatales, las quinientas diputaciones federales y el control del Congreso, entre otros cargos, por lo que la credibilidad del instituto resulta clave para la confianza en los resultados.
Los procesos electorales y la confianza en los órganos que los arbitran son un tema sensible en toda la región: en Venezuela también se debate una reforma del sistema electoral y la revisión del CNE para restablecer la confianza ciudadana. En el caso mexicano, la ASF no precisó todavía montos ni el número total de contratos bajo revisión, pero dejó claro que la lista de involucrados puede crecer a medida que más informantes aporten elementos.
