Sandra Ramírez ante la JEP deberá continuar este jueves 12 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde y de manera virtual.
Sandra Ramírez ante la JEP deberá continuar este jueves 12 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde y de manera virtual, su versión voluntaria dentro del Caso 07, el macrocaso que investiga el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las antiguas FARC durante el conflicto armado colombiano.
La exintegrante de esa guerrilla, conocida en la organización como «Griselda Lobo» y luego senadora del partido Comunes, fue citada de nuevo por el despacho de la magistrada Lily Rueda para responder por los señalamientos de reclutamiento de menores y de violencias cometidas contra ellos dentro de las filas, según conoció Caracol Radio y recogió Publimetro Colombia este martes.
Sandra Ramírez ante la JEP: la JEP le entregará la información que podría comprometerla
Antes de la diligencia, el despacho dispuso trasladarle a Ramírez la información que podría comprometerla, para que conozca los señalamientos y pueda pronunciarse sobre ellos durante la versión. Los documentos se compartirán con los participantes autorizados mediante una carpeta digital de OneDrive y estarán sometidos a reserva judicial: ni la compareciente, ni su abogado, ni las víctimas acreditadas y sus representantes podrán difundirlos.
La propia JEP advirtió que incumplir esa reserva podrá dar lugar a medidas correctivas y, cuando resulte procedente, a actuaciones disciplinarias o de otra naturaleza. Como la diligencia será virtual, la Secretaría Ejecutiva de la jurisdicción deberá disponer los medios tecnológicos y el apoyo técnico necesarios para su desarrollo, con la participación de las víctimas garantizada.
Sandra Ramírez ante la JEP: la modalidad virtual, el punto que reclaman las víctimas
La primera jornada de esta versión se realizó el pasado 4 de noviembre. Estaba prevista de manera presencial, pero se cambió a virtual porque, según explicó la magistrada Rueda, el riesgo de seguridad de Ramírez es extremo, una valoración en la que intervino la Unidad Nacional de Protección. La nueva jornada del 12 de noviembre mantendrá esa modalidad.
El cambio ha generado cuestionamientos de víctimas y de sectores políticos, que reclaman garantías plenas de participación y han pedido que las diligencias se desarrollen de forma pública y presencial, en nombre del principio de centralidad de las víctimas que rige la justicia transicional. El debate enfrenta así la seguridad de la compareciente con el derecho de las víctimas a conocer la verdad de primera mano.
Sandra Ramírez ante la JEP y un macrocaso con más de 18.000 menores reclutados
El Caso 07 investiga uno de los capítulos más graves del conflicto colombiano: la JEP ha documentado un universo de más de 18.000 menores reclutados por las antiguas FARC. La investigación también abarca presuntas violencias sexuales y reproductivas y otras conductas cometidas contra niños y adolescentes durante su permanencia en la organización.
Algunas víctimas han señalado directamente a Ramírez —quien fue pareja del fallecido jefe guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias «Tirofijo»— asegurando que habría participado en la selección de menores que luego fueron abusadas por comandantes, testimonios que hoy examina la justicia transicional y que no equivalen a una declaración de responsabilidad. En instancias previas, Ramírez ha negado los señalamientos. Su versión de este jueves se suma a otras actuaciones recientes de la jurisdicción, como la imputación a 11 exuniformados por 32 masacres en Montes de María, y a otros debates que mueven a Colombia esta semana, como la negociación del salario mínimo para 2027.
La diligencia de Sandra Ramírez ante la JEP será, en síntesis, una nueva prueba para el Caso 07: de lo que responda la exintegrante de las FARC dependerá parte del contraste entre los testimonios de las víctimas y la versión de quienes integraron la estructura de mando de la antigua guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz deberá garantizar, al mismo tiempo, la reserva de los documentos, la participación de las víctimas acreditadas y las condiciones de seguridad que motivaron la modalidad virtual.
