Colombia

Ley de Rescate Fiscal: CISA monetizará los activos del Estado y la mitad de los recursos irá a la deuda pública

La Ley de Rescate Fiscal que impulsa el Ministerio de Hacienda en el Congreso incluye un mecanismo.

La Ley de Rescate Fiscal que impulsa el Ministerio de Hacienda en el Congreso incluye un mecanismo para convertir en ingresos los bienes que el Estado colombiano no utiliza: las entidades públicas del orden nacional deberán identificar los activos que no requieran para cumplir sus funciones y transferirlos a la Central de Inversiones S. A. (CISA), que se encargará de gestionarlos y monetizarlos. De acuerdo con el resumen ejecutivo que reposa en la Gaceta del Congreso, al menos el 50 % de los recursos netos que se obtengan se destinará al servicio de la deuda pública durante las cuatro vigencias fiscales siguientes a la entrada en vigor de la ley.

Qué propone la Ley de Rescate Fiscal con CISA

El artículo 11 del proyecto crea el programa de movilización, enajenación y optimización de activos del Estado. Las entidades públicas del orden nacional —incluidas las entidades financieras de carácter estatal y las empresas industriales y comerciales del Estado— tendrán la obligación de identificar y reportar periódicamente al Sistema de Información para la Gestión de Activos (SIGA), administrado por CISA, los bienes inmuebles y muebles, las participaciones accionarias, los derechos fiduciarios, los derechos económicos y los derechos de propiedad intelectual que no necesiten para operar.

Una vez identificados, esos activos se transferirán a CISA a título gratuito y mediante acto administrativo. La entidad deberá gestionarlos, administrarlos, sanearlos y valorizarlos, y realizar todas las gestiones que conduzcan a su monetización. Las operaciones onerosas se harán con base en el modelo de valoración de CISA y con mecanismos que garanticen publicidad y libre concurrencia, según el texto radicado por la cartera de Hacienda.

El 50 % de los recursos netos irá a la deuda pública por cuatro años

El destino del dinero está definido en el propio proyecto: «Durante las cuatro vigencias fiscales siguientes a la entrada en vigor de la ley, al menos el 50 % de los recursos netos obtenidos por CISA se destinará al servicio de la deuda pública, contribuyendo a atender las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional». Los recursos netos —descontados los costos de valorización, estructuración y comercialización y la comisión de CISA cuando haya lugar— se girarán a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del mes siguiente a su recaudo y se incorporarán como recursos de capital del Presupuesto General de la Nación.

Para el Ministerio, «la eficiencia en la gestión del patrimonio público constituye un instrumento para fortalecer las finanzas del Estado, racionalizar el uso de los recursos públicos y liberar capacidades institucionales para el cumplimiento de sus funciones prioritarias». La discusión del proyecto se suma a otras negociaciones económicas de fondo en el país, como la del salario mínimo en Colombia para 2027, que enfrenta a sindicatos y empresarios.

Por qué Hacienda dice que el esquema actual se quedó corto

La cartera sostiene que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos para movilizar activos estatales y enajenar participación accionaria pública, pero que «la experiencia en la aplicación de estos instrumentos evidencia oportunidades de mejora relacionadas con los tiempos de ejecución, la actualización de valoraciones, la contratación de servicios especializados y la coordinación entre las entidades titulares de los activos». Esas dificultades, advierte el resumen ejecutivo, pueden prolongar los procesos de monetización, incrementar los costos de transacción y administración y limitar la capacidad del Estado para aprovechar oportunamente las condiciones del mercado.

Por eso la iniciativa incorpora obligaciones de identificación y reporte periódico, amplía las categorías de activos susceptibles de movilización y fija plazos para su reporte y transferencia a CISA, la entidad que ya ofrece venta y arriendo de bienes inmuebles del Estado. El proyecto deberá ahora surtir su trámite en el Congreso, donde también avanzan otros frentes de control estatal en Colombia, como la medida cautelar de la Supersalud a la EPS Sanitas por la entrega de medicamentos en Bogotá. Puedes seguir este debate en la sección de Colombia de La Noticia De Hoy.

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