La Asamblea Nacional aprobó este jueves 5 de noviembre los artículos 25 al 95 de la reforma eléctrica en Venezuela.
La Asamblea Nacional aprobó este jueves 5 de noviembre los artículos 25 al 95 de la reforma eléctrica en Venezuela, en la continuación de la segunda discusión del proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aunque al cierre de la sesión difirió por tercera vez la sanción completa del instrumento, que quedó a 24 artículos de su aprobación definitiva.
El proyecto, planteado por el Ejecutivo encargado de Delcy Rodríguez, consta de 119 artículos, nueve disposiciones transitorias y una disposición final. Su objetivo declarado es atraer inversiones privadas a un sector golpeado por graves fallas: apagones diarios y prolongados en hogares y comercios y fluctuaciones repetidas que dañan equipos y electrodomésticos en todo el país, la misma crisis que esta semana llevó a los vecinos a una protesta en Barquisimeto tras seis meses de fallas eléctricas.
La reforma eléctrica en Venezuela reconoce derechos a los usuarios
Entre lo aprobado este jueves destaca el artículo 25, que fija obligaciones para la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y sus filiales: coordinar con los municipios la operación del alumbrado público, compensar a los usuarios los daños causados por fallas que le sean imputables y reembolsar los montos cobrados en exceso por errores de medición, lectura o facturación.
En la misma línea, el artículo 34 sancionado reconoce a los consumidores el derecho a obtener de la empresa operadora la compensación adecuada por los daños a artefactos o equipos eléctricos ocasionados por fluctuaciones o fallas atribuibles a la prestación del servicio, además del resarcimiento de los demás daños causados por fallas en el suministro y del reembolso de cobros excesivos. El texto aprobado también prohíbe la suspensión discrecional o arbitraria del servicio: la desconexión solo procederá por incumplimiento de las obligaciones del usuario o por causas técnicas de seguridad, previo aviso justificado y conforme a las normas que dicte la nueva Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional.
Concesiones de hasta 25 años y fin del monopolio de Corpoelec
La plenaria aprobó además el artículo 26, que fija en un máximo de 25 años la duración de las concesiones, y el artículo 30, que reserva al ministerio con competencia en energía eléctrica la potestad de intervención y reversión sobre las concesiones otorgadas. La ley crea la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional como ente regulador, de control y fiscalización, y el Centro Nacional de Gestión del Sistema Eléctrico como ente técnico de despacho y liquidación de la energía; ambos, junto a Corpoelec, conforman el Sector Eléctrico Nacional según el artículo 11 aprobado en una sesión anterior.
El cambio de fondo es la apertura: el instrumento da cabida a empresas operadoras mixtas y privadas, con lo que rompe el monopolio que Corpoelec ha ejercido sobre el sistema. Analistas como el expresidente de la Comisión de Energía y Petróleo Elías Matta han destacado que la reforma constituye un reconocimiento implícito del fracaso del modelo estatista al abrir la generación, la distribución y la comercialización a la libre inversión, aunque han alertado que la redacción carece de la seguridad jurídica indispensable para que la banca internacional financie los proyectos que el país requiere. Matta advirtió que si la Asamblea no corrige esas brechas, Venezuela tendrá «una ley moderna en el papel y apagones en la realidad», mientras el Gobierno recurre en paralelo a soluciones de emergencia como las barcazas eléctricas que Corpoelec y Karpowership aportarán al Zulia.
Choque en el hemiciclo: «el texto no es el mismo»
La sesión, presidida por el primer vicepresidente Pedro Infante en ausencia del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tuvo su momento más tenso durante la discusión del artículo 59. El diputado oficialista Pedro Carreño se quejó de que la oposición formulara propuestas en el hemiciclo sin haber participado en la consulta pública ni presentar observaciones a la Comisión de Administración y Servicios, y al pedir el nuevo diferimiento cuestionó lo que llamó la flojera de la bancada opositora y pidió paciencia por lo largo del texto.
La respuesta llegó de la diputada Nora Bracho (UNT), del grupo Libertad, quien reclamó que el proyecto sometido a discusión no es el mismo que se presentó en la Comisión de Administración y Servicios, aseguró que solo se hizo una consulta pública del instrumento y denunció que las propuestas de sectores como los colegios de ingenieros no fueron tomadas en cuenta. Infante le dijo que estaba fuera de orden, pero Bracho replicó que no se quedaría callada y atribuyó la destrucción del sistema eléctrico a años de ministros sin capacidad.
El debate municipal también dividió a la Cámara: al discutirse el artículo 32, Bracho advirtió que se menoscaban las competencias de los municipios en servicios públicos locales y, junto al diputado Antonio Ecarri, solicitó que los alcaldes participen en los planes de mejoramiento de la red local, porque son quienes hacen frente a las denuncias de las comunidades. El oficialismo negó la propuesta, como negó también el planteamiento de Ecarri de estimular la contraloría social y reforzar el papel de la Defensoría del Pueblo en la supervisión del servicio.
Con 24 artículos pendientes, la sanción definitiva de la reforma quedó para la próxima sesión ordinaria. Lo ya aprobado, sin embargo, dibuja el nuevo mapa del sector: un regulador nuevo, concesiones privadas de hasta 25 años, derechos de compensación escritos por primera vez para los usuarios y un monopolio estatal que, sobre el papel, empieza a ceder. Si ese mapa se convierte en inversión real y en menos apagones dependerá de la sanción final, del reglamento que dicte el Ejecutivo y de la seguridad jurídica que los inversionistas no terminan de ver.
