Los pueblos indígenas amazónicos que viven a ambos lados de las fronteras entre Colombia, Ecuador y Perú alertaron este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que enfrentan un «riesgo inminente de exterminio» físico y cultural. La advertencia se presentó en Panamá, en el marco del 197.º periodo de sesiones del organismo, con un informe colaborativo que documenta un patrón sistemático de violencia, despojo y abandono estatal sobre sus territorios.
El documento, titulado «Fragmentación territorial, despojo y violencia contra los Pueblos y Naciones Originarias Transfronterizas», fue elaborado con la organización Amazon Frontlines y recoge las voces de líderes como María Espinosa, de esa organización; Justino Piaguaje, del pueblo Siekopai, y Fredy Piaguaje, de la organización Siona ACIPS. Según sus autores, la expansión extractiva, la militarización de las fronteras y la falta de protección de los tres Estados están empujando a estas naciones a un punto crítico de supervivencia.
Pueblos indígenas amazónicos: 18 naciones partidas por las fronteras y 6,2 millones de hectáreas
En la región fronteriza andino-amazónica existen al menos 18 pueblos originarios divididos por las fronteras estatales. El informe profundiza en la situación de ocho de ellos —Awá, A’i Cofán, Siona, Siekopai, Andwa, Achuar, Shuar y Wampis—, cuyas territorialidades abarcan más de 6,2 millones de hectáreas y conservan vegetación natural en el 96,26 % de la superficie analizada, con las menores tasas de deforestación de la región.
Sobre ese mismo territorio se superponen los bloques petroleros en 3.046.228 hectáreas, equivalentes al 48,75 % del universo cartográfico estudiado; en los territorios Achuar y Andwa considerados, el traslape alcanza el 100 %. La contaminación de ríos y suelos derivada de esa actividad afecta el agua, la alimentación, la salud, la medicina tradicional y las prácticas espirituales de las comunidades, agravada por las barreras de acceso a la atención sanitaria, la educación y los servicios básicos.
Mercurio, economías ilícitas y defensores en peligro
El informe denuncia además que las fronteras se han convertido en corredores estratégicos para economías ilícitas como el narcotráfico y la minería aluvial ilegal. La contaminación crónica por mercurio destruye los ecosistemas acuáticos e impacta la salud neurológica y la seguridad alimentaria de niños, mujeres y comunidades enteras, mientras las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento, el desplazamiento, el confinamiento y las minas antipersonal restringen la movilidad, la subsistencia y el ejercicio de la autoridad propia.
Esa convergencia de presiones extractivas, estructuras armadas e impunidad ha convertido a la Amazonía, según el documento, en una de las zonas más peligrosas del mundo para los liderazgos indígenas, los defensores de derechos humanos y las guardias indígenas. El texto también cuestiona los esquemas ambientales, los canjes de deuda y los mercados de carbono impuestos sin participación efectiva de las autoridades indígenas, a los que describe como un «despojo verde» que transforma la conservación en un nuevo mecanismo de control territorial.
Lo que exigen a los Estados y a la CIDH
Las organizaciones pidieron a Ecuador, Colombia y Perú adecuar sus marcos legales para reconocer la continuidad territorial y la libre determinación de los pueblos transfronterizos, suspender las concesiones extractivas otorgadas sin consentimiento, implementar planes de protección concertados frente a grupos armados e ilícitos y garantizar la libre movilidad ancestral. El sistema interamericano ya ha tenido que intervenir en otros casos de protección urgente en la región, como cuando la Corte IDH ordenó a Nicaragua proteger a E.J.F.C.
A la propia CIDH le solicitaron fortalecer el monitoreo permanente en las zonas de frontera y pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana sobre las obligaciones estatales transfronterizas en materia de libre determinación, seguridad jurídica territorial, prevención de daños socioambientales y control del crimen organizado transnacional. El informe también fue presentado ante las relatorías pertinentes de Naciones Unidas para impulsar un seguimiento internacional con responsabilidades, plazos y resultados verificables, en un contexto regional en el que incluso el Senado de Colombia pide explicaciones por la presencia de militares estadounidenses en el país.
