La rebaja de pena a pederastas en Chile escaló este miércoles a una crisis política abierta: la Cámara de Diputados aprobó una resolución que pide al presidente José Antonio Kast destituir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y a sus dos subsecretarios, por los decretos que redujeron las condenas de 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y pederastia.
La resolución, impulsada por la oposición, salió adelante por 68 votos a favor, 42 en contra y 7 abstenciones. No es vinculante, por lo que no obliga al mandatario a remover a las autoridades, pero aumenta de forma directa la presión sobre Kast, que el lunes reconoció un «error» en el caso y, pese a ello, ratificó a Rabat en el cargo.
Rebaja de pena a pederastas: 56 condenados beneficiados entre marzo y septiembre
El escándalo estalló cuando el medio Interferencia reveló que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena mediante decretos firmados por el Ministerio de Justicia entre marzo y septiembre de 2026. Según esa investigación, la mayoría de los beneficiados quedó en libertad.
Al grupo se sumaron además al menos dos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y, según Interferencia en las últimas horas, tres supuestos miembros del Tren de Aragua. Esos antecedentes ampliaron el alcance del caso más allá de los delitos sexuales y alimentaron los cuestionamientos de la oposición, que amenaza con presentar una solicitud de juicio político contra las autoridades de la cartera.
La defensa de Rabat: un «vacío» legal y las listas de Gendarmería
Rabat ha defendido su actuación alegando que existe un «vacío» legal. Según su explicación, Gendarmería elabora el listado de internos que pueden acceder al beneficio por buen comportamiento y el Ministerio de Justicia lo revisa y lo autoriza. El ministro sostiene que desde 2022 una ley excluye a los condenados por pederastia de este tipo de rebajas, pero que esa exclusión no tiene efecto retroactivo para los casos anteriores.
Esa defensa no ha frenado la ofensiva parlamentaria. La votación de este miércoles deja a Kast ante una decisión política delicada: sostener a su ministro, como hizo el lunes tras reconocer el error, o ceder a la presión de la Cámara. El debate chileno se produce en una semana de alta tensión institucional en la región, la misma en la que Haití aplazó sus primeras elecciones en una década hasta julio de 2027.
Una presión que no baja en el Congreso
La resolución aprobada no cierra el caso. La oposición mantiene sobre la mesa la amenaza de un juicio político y el Gobierno sigue obligado a explicar cómo se firmaron los decretos y por qué el filtro no detuvo los beneficios. Mientras tanto, las organizaciones y voces que reclaman protección para las víctimas mantienen el foco sobre el sistema de rebajas, en un continente donde esta misma semana los pueblos indígenas amazónicos alertaron ante la CIDH de un riesgo inminente de exterminio y exigieron respuestas de los Estados.
Por ahora, Rabat sigue en el cargo con el respaldo de Kast. La Cámara ya fijó su posición con una mayoría clara, y la continuidad del ministro dependerá de si La Moneda considera que el costo político de sostenerlo sigue siendo asumible.
