El gobernador de Salta, en el norte andino de Argentina, tomó una decisión controvertida este miércoles al decretar que los extranjeros que visiten su provincia deberán comenzar a pagar por la atención médica que reciban en los hospitales públicos.
La medida se produce en medio de la discusión entre las provincias y el Gobierno central de Javier Milei por los recortes en los fondos públicos. El Gobierno salteño decidió restringir la atención a las personas que no estén radicadas en Argentina, lo que representa hasta el 10% de su presupuesto anual, según ha anunciado el ministro de Salud provincial, Federico Mangione.
La provincia de Salta, que cuenta con una población de 1,4 millones de habitantes, comparte frontera con Chile al oeste y con Paraguay al noreste. Sin embargo, su frontera norte con Bolivia es especialmente activa debido a la cercanía de ciudades como Salvador Mazza (en Argentina) y Yacuiba (en Bolivia).
Además del contrabando de productos como azúcar, tabaco y materiales de construcción a través de pasos ilegales, las autoridades salteñas se enfrentan al problema de los «tours sanitarios», que son viajes esporádicos de visitantes bolivianos que buscan atención médica en el sistema de salud público de Argentina. El ministro Mangione ha denunciado que estos visitantes no solo acuden a consultas médicas, sino que también se someten a cirugías de alta complejidad utilizando insumos y prótesis de alto costo.
Según el Ministerio de Salud de Salta, durante emergencias como la epidemia del dengue, donde se ha llegado a tener una ocupación hospitalaria de casi el 90% de ciudadanos extranjeros en localidades como Salvador Mazza. El ministro Mangione ha afirmado que la medida busca compensar las pérdidas económicas y los recortes del Gobierno central.
Según el decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, los extranjeros que visiten la provincia con permisos turísticos o de trabajo estacional, así como aquellos que estén en trámite de solicitar su residencia argentina, deberán contribuir económicamente para cubrir los gastos generados por su atención médica en los centros de salud provinciales. Sin embargo, los residentes extranjeros que estén radicados legalmente en Argentina todavía podrán acceder de manera gratuita al sistema de salud público. La provincia también se compromete a atender gratuitamente las urgencias de los extranjeros por razones humanitarias.
El gobernador Sáenz ha defendido la medida argumentando la falta de reciprocidad en la atención médica a ciudadanos argentinos en países fronterizos. Según Sáenz, entre un 20% y un 30% de las cirugías programadas en la provincia tienen como pacientes a ciudadanos extranjeros. El gobernador ha enfatizado que muchos países exigen el pago de un seguro médico para atender emergencias médicas a los extranjeros y que Argentina no puede ser una excepción, especialmente en las provincias fronterizas.
La iniciativa del gobierno salteño ha encontrado justificación en los recortes a la distribución de impuestos estatales que impulsa el plan de austeridad del Gobierno central. Esta situación ha generado conflictos y tensiones entre el Gobierno y las provincias, llegando al borde de la crisis institucional en algunas jurisdicciones. Recientemente, el gobernador de Chubut amenazó con cortar el suministro de gas y petróleo si no recibía las transferencias retenidas por el Gobierno.
Aunque un juez dictaminó el cese de las retenciones, la pelea pública entre el gobernador chubutense y el Gobierno central ha llevado a la mitad de las 24 jurisdicciones argentinas a alinearse frente al presidente. Incluso gobernadores de diferentes colores políticos han recurrido a los tribunales para enfrentarse al presidente, como es el caso del gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ha prometido llevar su reclamo por la restitución de fondos a la Corte Suprema.
