La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hizo público este miércoles 02 de octubre el lanzamiento de la campaña «Prueba de Vida», con la cual se propone indagar sobre el bienestar de personas detenidas presuntamente de manera arbitraria en El Salvador, en el marco de la implementación de un régimen de excepción destinado a combatir a las «maras».
Mediante sus redes sociales, el SJH expresó su preocupación ante la falta total de comunicación con las personas bajo procesamiento durante esta medida extraordinaria, y por ende solicitó a los jueces ordenar al Instituto de Medicina Legal una evaluación médica de los reclusos en los centros penitenciarios.
La organización, que ofrece asesoría legal gratuita a familiares de detenidos y emergió en respuesta al régimen de excepción, denunció que «hay jóvenes liberados que, tras presentar una solicitud de revisión médica en los tribunales, han sido puestos en libertad pero en condiciones críticas de salud, con insuficiencia renal crónica e irreversible».
La instauración del régimen de excepción, que suprime garantías constitucionales, fue aprobada tras el brutal asesinato de más de 80 individuos en un fin de semana hacia finales de marzo de 2022.
Según investigaciones llevadas a cabo por el medio local El Faro, estas muertes fueron resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Nayib Bukele y las organizaciones criminales.
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Con más de 81,900 arrestos efectuados, este régimen se ha convertido en la principal y única táctica gubernamental contra las pandillas, asegurando la reelección inmediata de Bukele a pesar de la prohibición constitucional.
Diversas entidades humanitarias han recibido más de 6,400 informes de abusos a los derechos humanos, enfocados principalmente en detenciones sin fundamento y torturas, reportando además más de 300 decesos bajo la custodia del Estado, la mayoría con evidencias de violencia.
