Una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, al encontrar causa probable de que conspiró.
Una jueza de Miami firmó una orden de arresto contra Raúl Castro, expresidente de Cuba, al encontrar causa probable de que conspiró para cometer asesinato en primer grado en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas.
La orden, de carácter estatal y sin derecho a fianza, fue firmada el viernes por Ariana Fajardo Orshan, jueza principal del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y fue anunciada este lunes por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en una rueda de prensa en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. El documento instruye a las autoridades a arrestar de inmediato al exgobernante si es localizado y autoriza a Florida a gestionar su extradición si aparece fuera del estado.
Castro, de 95 años, permanece en Cuba, por lo que la firma de la orden no significa que haya sido detenido. Aun así, el caso abre un frente judicial inédito contra el exmandatario: el de la justicia estatal de Florida, que se suma al proceso federal que ya enfrenta en Estados Unidos.
La orden de arresto contra Raúl Castro se apoya en espías infiltrados en Miami y Key West
Según la declaración jurada presentada el viernes ante el tribunal, existe «causa probable para creer que el acusado, Raúl Modesto Castro Ruz, acordó con otros cometer asesinato en primer grado» de las personas que viajaban a bordo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La investigación estuvo a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) y de la Oficina de Fiscalía Estatal.
El expediente sostiene que dos agentes cubanos se infiltraron en la organización en Miami y Key West: recopilaron información sobre la base aeronaval de Key West y transmitieron a La Habana los datos de vuelo de las avionetas. Esa actividad dentro de Florida es la base con la que el estado reclama jurisdicción para procesar a Castro, pese a que el derribo ocurrió frente a las costas de la isla.
De acuerdo con el documento, la red de espionaje ordenó a sus informantes no volar con Hermanos al Rescate entre el 24 y el 27 de febrero de 1996, y uno de ellos abandonó Florida y regresó a Cuba el 23 de febrero, un día antes del ataque. Para Uthmeier, la responsabilidad está clara: «Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida nunca dejará de buscar rendición de cuentas por esa conspiración comunista», afirmó el fiscal general en un comunicado. Su oficina reabrió la investigación estatal este año, tres décadas después de los hechos.
El derribo de 1996 que marcó al exilio cubano
El 24 de febrero de 1996, cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate, una organización fundada por exiliados cubanos en Miami que sobrevolaba el estrecho de Florida para localizar y auxiliar a los balseros que escapaban de la isla en embarcaciones precarias. Los aparatos fueron alcanzados en la tarde, entre las 3:21 y las 3:27, y una tercera avioneta del grupo logró escapar.
En el ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, residente legal permanente en Estados Unidos. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional concluyeron que el derribo ocurrió en aguas internacionales, mientras que el Gobierno cubano sostuvo que las aeronaves habían violado su espacio aéreo. En 1996, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el máximo jefe militar de Cuba.
Se suma a la acusación federal anunciada en mayo
La orden estatal se suma a la acusación federal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 20 de mayo de 2026 contra Castro y otros cinco exoficiales cubanos: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. Ese pliego imputa siete cargos: cuatro de asesinato, dos de destrucción de aeronaves y uno de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.
Desde la imputación federal, Castro es considerado fugitivo de la justicia de Estados Unidos por no comparecer ante el tribunal. El único acusado bajo custodia estadounidense es González-Pardo Rodríguez, un exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana que fue extraditado a Miami en junio pasado y se declaró no culpable.
Ambos procesos avanzan en el marco de la línea dura de la administración del presidente Donald Trump hacia el régimen de La Habana, que ha devuelto a Cuba al centro de la política del sur de Florida. Como parte de ese mismo endurecimiento, Washington ha reforzado las sanciones contra entidades de la isla, como la sanción al banco cubano BICSA por colaborar con un banco iraní.
Lo que sigue en el caso
En la práctica, la detención de Raúl Castro depende de que el exgobernante salga de Cuba o de un proceso de extradición que hoy se considera remoto. La orden estatal contempla precisamente ese escenario: si Castro es arrestado fuera de Florida, el estado buscará su traslado para que enfrente el cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, uno de los delitos más graves del código penal floridano.
Para las familias de Alejandre, Costa, De la Peña y Morales, y para la comunidad del exilio cubano en Miami, la firma de la jueza Fajardo Orshan representa un paso que llevaban tres décadas reclamando en los tribunales. Las autoridades de Florida insistieron este lunes en que el caso seguirá activo mientras el exmandatario continúe prófugo.
