Washington apretó un poco más el cerco financiero sobre La Habana. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves sanciones contra el Banco Internacional de Comercio de Cuba (BICSA), la entidad estatal que canaliza buena parte de las operaciones financieras del comercio exterior de la isla, a la que Estados Unidos acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin. Con esa designación, el banco de Cuba pasa a engrosar la lista de instituciones castigadas por la administración de Donald Trump en su ofensiva contra el Gobierno cubano.
En el comunicado que acompañó el anuncio, Rubio afirmó que la isla ha pasado a «operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas», y ubicó en el centro de esa acusación a la República Islámica de Irán, a la que Washington considera el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo. El jefe de la diplomacia estadounidense también recordó que el presidente Trump ha sido tajante frente a lo que llamó fuerzas extrahemisféricas que buscan expandir una influencia contraria a los intereses de Estados Unidos dentro de la región.
Qué implican las sanciones contra el banco de Cuba
En términos prácticos, una designación como la impuesta al banco de Cuba (BICSA) supone el bloqueo de los bienes y activos que la entidad pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ella. El efecto va más allá de las fronteras norteamericanas: cualquier banco extranjero que mantenga operaciones con una institución señalada se expone a quedar fuera del sistema financiero en dólares, por lo que estas medidas suelen aislar casi por completo al sancionado del circuito bancario internacional.
El Departamento de Estado explicó además que el golpe contra el BICSA se coordina con las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene sobre actores financieros iraníes, en un intento de cerrar los canales que, según Washington, Teherán utiliza fuera de su región con apoyo de socios como La Habana. No es la primera vez que la mira se posa sobre la banca estatal cubana: en septiembre, la misma administración ya había designado al Banco Exterior de Cuba dentro de un paquete que alcanzó también a un nieto de Raúl Castro y a varias empresas estatales, un antecedente que muestra cómo la presión se ha ido extendiendo pieza a pieza sobre la arquitectura financiera del régimen. La estrategia recuerda a la que Washington aplica en otros frentes de la región, como las sanciones vinculadas a la flota fantasma que mueve petróleo venezolano.
Una presión que no ha dejado de crecer desde enero
Las medidas contra Cuba abarcan desde hace años los planos económico, comercial, financiero y migratorio, pero se han endurecido de forma sostenida desde enero, en paralelo al regreso de Trump a la Casa Blanca y a su propósito declarado de forzar un cambio político en la isla. En los últimos meses, la lista de sancionados sumó al presidente Miguel Díaz-Canel, a integrantes de la familia Castro, a la petrolera estatal CUPET y a distintos ministerios y entidades públicas, además de rondas posteriores contra empresas del sector del níquel y contra el aparato militar.
Para el Gobierno cubano, cada nueva ronda estrecha el margen de maniobra de una economía ya golpeada por la escasez de divisas, la crisis energética y la caída de sus ingresos externos. Para Washington, en cambio, cerrar los canales bancarios del régimen es una vía para cortar el financiamiento de su estructura de poder sin recurrir a medidas de otro tipo. El señalamiento contra el banco de Cuba por sus vínculos con una entidad iraní agrega además un componente geopolítico: Estados Unidos presenta el caso como parte de su pulso global con Teherán, no solo como un episodio bilateral con La Habana.
La Habana responde y se calienta la votación del 28 de octubre
El anuncio llega en un momento especialmente tenso de la relación bilateral. Apenas el miércoles, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de estar «presionando y chantajeando» a jefes de Estado y de Gobierno de varios países para que modifiquen su voto en la Asamblea General de la ONU, donde el próximo 28 de octubre se votará, como cada año, la resolución que pide el fin del embargo estadounidense contra la isla. Ese cruce de acusaciones, que este medio recogió en la nota sobre la denuncia cubana por el voto sobre el embargo, confirma que la disputa diplomática se intensifica a medida que se acerca la cita en Nueva York.
La resolución contra el embargo suele aprobarse por una mayoría abrumadora en la Asamblea General, y La Habana confía en repetir ese respaldo pese a la ofensiva diplomática de Washington. Del otro lado, la administración Trump parece dispuesta a usar cada herramienta disponible, desde la presión sobre terceros países hasta sanciones financieras como la impuesta ahora al banco de Cuba, para erosionar el apoyo internacional a la isla. Lo que ocurra el 28 de octubre servirá como termómetro de cuál de las dos estrategias está ganando terreno.
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