La ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de El Salvador contra el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el director de Centros Penales, Osiris Luna, acusándolos de crímenes de lesa humanidad.
Esta denuncia se enmarca en el contexto del régimen de excepción que se ha implementado en El Salvador desde marzo de 2022, con el objetivo de combatir la violencia de las pandillas. La SJH sostiene que las acciones de estos funcionarios han resultado en graves violaciones a los derechos humanos.
Ingrid Escobar, directora del SJH, destacó en una rueda de prensa que la denuncia no solo incluye a Villatoro y Luna, sino también a varios congresistas del oficialismo, como el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, así como a exdiputados que han respaldado la extensión del régimen de excepción.
"Es mucho más fácil encarcelar masivamente incluyendo inocentes sin ningún tipo de debido proceso y sin esclarecimiento que realmente investigar dónde están las redes criminales", dice Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.https://t.co/aUyQUwbo9z
— El Faro (@_elfaro_) July 22, 2024La lista de acusados se extiende a directores de cárceles, jueces y fiscales, quienes, según la ONG, han participado en actos de privación de libertad, tortura, desobediencia a órdenes judiciales, y otros delitos graves. Escobar hizo un llamado al Estado salvadoreño para que garantice justicia a las víctimas, enfatizando que muchas de ellas son inocentes y han sido capturadas sin el debido proceso.
La abogada Jayme Magaña, también del SJH, subrayó que organismos internacionales han alertado sobre el incumplimiento de estándares de derechos humanos en El Salvador, instando a la Fiscalía a investigar las violaciones que se estarían cometiendo en los centros penales. Entre las denuncias, se mencionan casos de personas que, a pesar de contar con carta de libertad judicial, siguen detenidas por decisiones arbitrarias de funcionarios.
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Maribel Amaya, madre de un detenido, compartió su angustia al no poder comunicarse con su hijo, quien se encuentra en estado de desnutrición, reflejando la desesperación de muchas familias que han perdido contacto con sus seres queridos tras ser capturados en El Salvador.
Desde la implementación del régimen de excepción, las autoridades han reportado más de 80,100 detenciones, mientras que las organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6,000 denuncias de abusos, principalmente por detenciones arbitrarias. Un informe de Cristosal revela que más de 170 niños han quedado huérfanos debido a la muerte de uno o ambos padres en las cárceles de El Salvador.
