La propuesta de reforma de la Ley de Universidades promovida por el Ministerio de Educación Universitaria fue.
La propuesta de reforma de la Ley de Universidades promovida por el Ministerio de Educación Universitaria fue cuestionada este jueves 5 de noviembre por académicos de las principales casas de estudio del país, durante una jornada de debate en la que el sector planteó una objeción de fondo: antes de cambiar la ley, las universidades deben poder funcionar. En el encuentro declaró el viceministro Ricardo Ríos, en representación del despacho, al que no asistió la ministra Ana María Sanjuán.
Ríos explicó que el Consejo Nacional de Universidades aprobó por unanimidad en octubre iniciar la discusión de la reforma y sostuvo que la ley vigente acumula más de 1.800 enmiendas derivadas de sus fallas de funcionamiento. Según el viceministro, el cambio busca reabrir el debate sobre la democracia y la autonomía universitarias y adecuar el instrumento a la Constitución y a las nuevas épocas, en un país donde el debate salarial también ocupa a otros sectores, como anticipó el dirigente empresarial Jorge Roig al hablar de novedades sobre el salario en Venezuela.
La ruta de consulta que propone el ministerio para la Ley de Universidades
La propuesta oficial contempla una consulta escalonada: primero asambleas en cada recinto universitario, después 24 congresos estadales y, al final, una convención nacional que recoja las conclusiones. El ministerio trabaja con la referencia de un borrador para el 31 de diciembre, aunque Ríos no ofreció un tiempo estimado para completar el proceso ni para que el texto llegue a su aprobación definitiva.
Esa ruta fue recibida con escepticismo por los académicos presentes, que consideran que la discusión legislativa no ataca los problemas inmediatos de las casas de estudio: presupuestos insuficientes, salarios que no cubren el costo de vida, servicios deteriorados y dificultades de transporte para estudiantes y profesores.
«La universidad debe funcionar primero», la objeción de los académicos
Benjamín Scharifker, exrector de la Universidad Simón Bolívar, afirmó que el debate sobre la Ley de Universidades es importante pero no urgente, porque los niveles de presupuesto, salarios y servicios no permiten hoy el funcionamiento normal de las universidades. Scharifker señaló además la falta de transporte en los dos campus de la USB y la ausencia de autonomía patrimonial, dos limitaciones que, a su juicio, deberían resolverse antes o al mismo tiempo que cualquier reforma legal.
William Anseume, de la Asociación de Profesores de la USB, reprochó que se debata una nueva ley bajo un interinato que, en su opinión, no respeta la democracia, en referencia a la situación de las autoridades universitarias cuyas elecciones llevan años paralizadas en varias instituciones del país.
Salarios de 240 bolívares y gremios que convocan a paro
La profesora Marijul Narváez, de la Universidad Central de Venezuela, pidió priorizar sueldos ajustados a la realidad y puso su propio caso como ejemplo: gana 240 bolívares mensuales, una cifra que ilustra el deterioro del ingreso del personal universitario. El dirigente estudiantil Miguelangel Suárez exigió, por su parte, que las autoridades respondan a los gremios que convocan a paro en lugar de concentrarse en reformar una ley que, según dijo, no se respeta.
El malestar laboral universitario se suma a otras denuncias recientes de trabajadores públicos en Caracas, como las de los empleados de la Defensoría del Pueblo que denunciaron despidos y acoso laboral, en un cierre de año marcado por reclamos salariales en distintos sectores del Estado venezolano.
El nudo sin resolver: la elección de las autoridades
Uno de los puntos más controvertidos del debate es la elección de autoridades universitarias, paralizada por el choque entre dos normas: la Ley de Universidades, que limita el padrón electoral a profesores, estudiantes y egresados, y la Ley Orgánica de Educación, que incluye en igualdad de condiciones al personal obrero y administrativo. Mientras ese nudo no se desate, varias universidades seguirán dirigidas por autoridades con períodos vencidos o designadas de forma interina.
Con la jornada de este jueves, la reforma queda instalada como uno de los debates públicos del cierre de 2026 en Venezuela: el ministerio promete consulta amplia y un borrador antes de fin de año, y los académicos advierten que ninguna ley nueva servirá si las universidades no recuperan primero su capacidad básica de funcionar, con presupuesto, salarios dignos y servicios operativos.
