Las empresas expropiadas en Venezuela suman 902, según el catastro.
Las empresas expropiadas en Venezuela suman 902, según el catastro que la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) presentó este jueves 5 de noviembre durante su congreso anual en Caracas. El gremio pidió que esos activos se ofrezcan primero a sus antiguos propietarios y que se acelere su devolución al sector privado como vía para reactivar la producción nacional y aliviar la carga fiscal del Estado.
El presidente de Conindustria, Tito López, precisó que 75 % de los predios contabilizados corresponde a unidades del sector primario y fincas agrícolas. El resto abarca plantas de alimentos procesados, industrias farmacéuticas y manufacturas de plástico, repartidas por todo el territorio nacional y tomadas u ocupadas por el Estado en los últimos años.
Empresas expropiadas: primero a sus antiguos dueños
«Pedimos que estas empresas primero sean ofrecidas a sus antiguos dueños. La transferencia de estos activos al sector privado permitiría al Estado reducir la carga fiscal que representa su administración y liberar recursos para otras obligaciones del sector público», afirmó López al exponer las peticiones del gremio, en un acto que contó con la presencia de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.
El dirigente confirmó que el sector privado mantiene representación en la comisión oficial designada por el Ejecutivo para revisar la situación de los activos bajo control estatal. Según explicó, ya existen conversaciones sobre las posibles devoluciones y la comisión trabaja en el proceso, pero el empresariado considera necesario imprimir mayor velocidad a las decisiones para que la reapertura económica avance con resultados concretos.
La industria opera a 51,3 % de su capacidad instalada
En el mismo congreso, Conindustria informó que la industria nacional opera a 51,3 % de su capacidad instalada, con la expectativa de cerrar 2026 en un rango de entre 55 % y 60 %. Eso significa que 48 % de la capacidad permanece inactiva, un margen que el gremio ve como oportunidad de crecimiento si se concretan alianzas estratégicas entre el capital nacional e inversionistas internacionales de cara a 2027.
La organización ajustó además su estimación de crecimiento del producto interno bruto (PIB) para este año a 6,5 %, condicionada por las contingencias derivadas de los terremotos del 24 de junio. El diagnóstico coincide con el tono de sus informes recientes: semanas atrás, Conindustria proyectó una expansión industrial de 14 % y una recaudación fiscal de 18.095 millones de dólares, cifras que dependen de que la producción siga recuperando terreno.
Seguridad jurídica, la condición que repite el gremio
El planteamiento empresarial busca establecer un marco de seguridad jurídica que garantice la atracción de capitales y la sostenibilidad de las plantas recuperadas. Sin reglas claras sobre la propiedad, advierten los industriales, será difícil que los antiguos dueños u otros inversionistas asuman el costo de rehabilitar instalaciones que llevan años bajo administración estatal.
Ese punto conecta con otra discusión abierta por el mismo gremio: Conindustria ha vinculado cualquier aumento del salario mínimo a la producción nacional, bajo el argumento de que los ingresos de los trabajadores solo pueden mejorar de forma sostenida si las empresas producen y venden más.
Por ahora, el proceso sigue en evaluación: todavía se estudia el estado físico de los inmuebles y el volumen de inversión requerido para restituir la operatividad de las 902 infraestructuras mapeadas. La velocidad con la que la comisión oficial convierta ese inventario en devoluciones efectivas marcará si el anuncio de este jueves queda en un catastro más o se convierte en el punto de partida de una recuperación industrial verificable.
El catastro llega en un momento en que la recuperación industrial venezolana se discute con cifras concretas sobre la mesa: capacidad ociosa, inversión pendiente y reglas de propiedad por definir. Para los trabajadores de las plantas paralizadas o semiparalizadas, la devolución ordenada de activos podría traducirse en empleo formal y producción local de alimentos y medicinas, dos rubros que concentran buena parte del inventario presentado por el gremio este jueves.
