La Defensoría del Pueblo de Venezuela, la institución encargada de velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo de Venezuela, la institución encargada de velar por los derechos humanos de los ciudadanos, enfrenta una denuncia de su propio personal: trabajadores de la sede principal en Caracas aseguran que al menos 25 funcionarios han sido despedidos en los últimos días y que dentro del organismo se vive un clima de acoso laboral desde la llegada de la nueva directiva.
Los denunciantes, que pidieron no ser identificados por temor a represalias, sostienen que tras la designación de la nueva gestión se inició un proceso de desmantelamiento de los equipos técnicos para abrir paso a personal de confianza de las nuevas autoridades. La cifra de desincorporados, advierten, podría crecer cuando se contabilicen las sedes de la institución en los distintos estados del país.
La Defensoría del Pueblo y la figura de los «cargos de confianza»
El centro de la controversia es el argumento jurídico que, según los afectados, utiliza la administración para ejecutar las remociones: la premisa de que se trata de «cargos de confianza y de libre nombramiento y remoción». Los trabajadores califican esa interpretación como un «disparate jurídico» y aseguran que en los manuales de descripción de funciones de esos puestos no existen criterios reales de confidencialidad o de dirección que justifiquen técnicamente esa clasificación.
Para los denunciantes, la figura legal se estaría usando como una vía expedita para ejecutar despidos arbitrarios contra personal de carrera, incluidos defensores delegados y empleados con años de servicio dentro del Poder Ciudadano.
El caso de la funcionaria con 18 años de servicio
La situación alcanzó su punto más crítico el martes 3 de noviembre, cuando fue despedida una funcionaria de 61 años que acumulaba 18 años de servicio institucional. Según el relato de sus compañeros, la trabajadora había presentado formalmente su solicitud de jubilación especial, un derecho que le fue expresamente negado antes de proceder a su destitución inmediata.
«Es desmoralizante. Acudimos a distintas instancias buscando apoyo y nos encontramos con puertas cerradas. Ver cómo se vulneran los derechos de personas que dedicaron su vida a esta institución provoca una profunda frustración laboral», manifestó bajo anonimato uno de los voceros del grupo, por temor a represalias adicionales.
Familias sin sustento en plena recesión
Los despidos, ejecutados de manera imprevista, dejan a las familias de los profesionales desincorporados en una situación de desamparo: pierden su único sustento económico en medio de una fuerte recesión, con una inflación que pulveriza el poder adquisitivo y sin posibilidades reales de conseguir otro empleo en el corto plazo debido a la situación del país.
«La institución debió protegernos, pero terminó siendo nuestro principal agresor», dijeron los afectados, que piden a los sindicatos y a las autoridades fijar posición pública frente a lo que consideran un atropello sistemático contra el derecho al trabajo. También exigen respeto a la dignidad humana dentro del propio Poder Ciudadano, el órgano al que pertenece la Defensoría del Pueblo.
La denuncia se suma al malestar laboral que atraviesa el sector público venezolano, donde los trabajadores han reclamado en las últimas semanas bonos compensatorios y aguinaldos acordes con el costo de la vida. En ese contexto, los funcionarios de la Defensoría advierten que la pérdida de personal técnico con experiencia debilita la atención de los casos de los ciudadanos que acuden a la institución en busca de amparo frente a abusos de otros órganos del Estado.
Hasta el momento, la institución no ha emitido una respuesta pública a las denuncias de su personal. La Defensoría del Pueblo es, por mandato constitucional, el órgano encargado de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías de los habitantes del país, una misión que sus propios trabajadores consideran hoy comprometida desde adentro.
