El pulso judicial por el voto de no ciudadanos escaló este jueves en Estados Unidos: el juez James Boasberg.
El pulso judicial por el voto de no ciudadanos escaló este jueves en Estados Unidos: el juez James Boasberg, presidente del tribunal federal de distrito en Washington, ordenó al Gobierno de Donald Trump identificar a todos los estados a los que ha presionado para que se sumen a su campaña contra la participación de personas sin ciudadanía en las elecciones legislativas de la próxima semana.
La orden, dictada en una audiencia este jueves 29 de octubre, obliga al Departamento de Justicia a entregar a más tardar este viernes la lista completa de los estados que recibieron sus cartas. En esas misivas, según la demanda, el Gobierno advirtió a los funcionarios electorales estatales de un posible proceso penal si mantienen deliberadamente a extranjeros no ciudadanos en los registros de votantes.
Voto de no ciudadanos: la lista de estados que Justicia debe entregar el viernes
Hasta ahora solo se conocen dos destinatarios de esa presión: California y Washington. En el caso californiano, el Departamento de Justicia demandó para impedir que se cuenten las boletas por correo de personas que el Gobierno identifica como probables no ciudadanos hasta confirmar su estatus; un juez federal falló el miércoles a favor de California y el Departamento apeló de inmediato. La orden de Boasberg busca precisamente saber si hubo más estados en la misma situación.
El juez anunció además que se pronunciará a más tardar el lunes —un día antes de la jornada electoral del 3 de noviembre— sobre la petición demócrata de impedir que el Gobierno federal socave los procedimientos electorales de los estados. Y dejó una puerta abierta: el Ejecutivo puede volver intrascendente el proceso en cualquier momento si presenta un documento asegurando que no incurrirá en la conducta impugnada.
Schumer y Jeffries contra Trump: las dos lecturas del caso
La demanda la encabezan altos dirigentes demócratas, entre ellos el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, junto al Comité de Campaña Demócrata al Senado, el Comité de Campaña Demócrata al Congreso y la Asociación de Gobernadores Demócratas. Piden prohibir que el Gobierno federal elimine de los registros a electores inscritos legalmente o impida que los estados emitan o cuenten sus papeletas. Su abogado, Uzoma Nkwonta, pidió poner fin a lo que describió como una campaña sin precedentes de interferencia en la obligación estatal de administrar las elecciones.
Los demandados son el propio Trump, el Departamento de Justicia, su secretario Todd Blanche, el Departamento de Seguridad Nacional y su titular Markwayne Mullin. El Gobierno sostiene que ha encontrado pruebas de que no ciudadanos han votado o votarán ilegalmente en los comicios de medio término —el Departamento de Justicia informó que 28 de sus acusados son residentes permanentes legales sin autorización para votar— y el abogado oficial Christian Dibblee argumentó que cumplir depende de los estados: según él, las cartas solo notifican una posible violación de la ley federal. Boasberg, sin embargo, expresó dudas de que los demandantes hayan demostrado legitimación legal para sus acusaciones y observó que las cartas no obligan a los estados salvo que el Gobierno obtenga una orden judicial, aunque admitió que las preocupaciones demócratas son legítimas. La evidencia de los estados y de las propias investigaciones federales muestra, en todo caso, que el voto de no ciudadanos es sumamente raro, un debate que también atraviesa a estados como Nevada, donde una residente de Washoe se convirtió esta semana en la cuarta acusada de votar sin ser ciudadana.
Boasberg, nominado por Barack Obama, es un nombre conocido en la Casa Blanca: Trump y sus aliados pidieron el año pasado su destitución después de que impidiera usar la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para deportar por vía aérea a migrantes venezolanos a El Salvador. Su decisión del lunes llegará en la víspera de unas elecciones que definirán el control del Congreso.
