Las aspersiones aéreas volvieron este miércoles 11 de noviembre al centro del debate colombiano. El expresidente pidió en Bogotá retomar la fumigación aérea de herbicidas contra los cultivos de coca, al intervenir en el acto por el décimo aniversario del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, organizado por la Defensoría del Pueblo.
Duque, mandatario entre 2018 y 2022 y crítico abierto del acuerdo, sostuvo que «el verdadero enemigo de la paz» es el narcotráfico y que, mientras no se ataque esa «lucrativa plaga», será muy difícil implementar lo pactado. «No nos vayamos a equivocar: a más coca, menos paz», afirmó ante un auditorio en el que había víctimas del conflicto, firmantes, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales, y en el que su discurso recibió aplausos y abucheos por igual.
Aspersiones aéreas: el reclamo de Duque a la Corte Constitucional
El expresidente lamentó que la aspersión aérea de glifosato fuera limitada durante su propio Gobierno y que hoy existan trabas legales a los planes piloto del actual presidente, Abelardo de la Espriella, que contemplan fumigaciones controladas con glufosinato de amonio, un compuesto prohibido en la Unión Europea. Según Duque, aquella limitación «generó uno de los problemas más complejos» en la lucha contra el narcotráfico y, en consecuencia, para quitarles financiación a los grupos armados ilegales: aseguró que, a causa de esa decisión, el área de cultivos de coca se cuadruplicó. «Espero que la Corte Constitucional permita esta herramienta para confrontar a ese enemigo de la construcción de la paz», añadió, antes de cerrar con un «no queremos más impunidad».
El debate sobre la fumigación aérea sigue abierto en un país donde los cultivos ilícitos financian a estructuras armadas que siguen activas en varias regiones, como quedó en evidencia con la reciente captura de alias Danielito en Barranquilla, señalado sucesor de una de las estructuras criminales más temidas de la costa Caribe.
Críticas a la JEP y choque con el legado de Santos
Duque también cargó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado por el acuerdo para juzgar los crímenes del conflicto, al considerar que «después de diez años» no ha impartido «sentencias ejemplarizantes» ni ha emitido «medidas de reparación para las víctimas». Varios asistentes lo abuchearon y le gritaron «mentiroso», a lo que el expresidente respondió que quienes critican el acuerdo también tienen «legitimidad» para reclamar: «La paz no es de un partido, no es de una persona: es de toda Colombia», subrayó.
En el mismo acto intervino antes el expresidente Juan Manuel Santos, quien negoció el acuerdo con las FARC y recibió el Premio Nobel de la Paz por ello, para defender su legado, en una jornada que reavivó el choque político en torno al acuerdo, el mismo que esta semana enfrentó en el Congreso al ministro Alejandro Ordóñez con Santos, como contó La Noticia De Hoy en la respuesta de Ordóñez a Santos. También estaba invitado el expresidente Gustavo Petro, que había confirmado su asistencia, pero finalmente no acudió. La discusión sobre la JEP, por su parte, continúa su curso institucional, con actuaciones como la imputación de la JEP por masacres en Montes de María.
Un debate que vuelve cada cierto tiempo
Las aspersiones aéreas fueron durante años la herramienta más visible de la estrategia antidrogas colombiana y también la más discutida, por sus efectos sobre la salud de las comunidades campesinas y sobre el medio ambiente. Su suspensión y las posteriores restricciones judiciales convirtieron cada intento de reactivarlas en un pulso entre el Gobierno, la Corte Constitucional y las organizaciones sociales de las zonas cocaleras.
Por eso el pedido de Duque no es un comentario aislado: llega cuando el Gobierno actual ya explora planes piloto de fumigación controlada y cuando el Congreso discute la estrategia de seguridad del presidente De la Espriella. Si la Corte abre la puerta, las aspersiones aéreas podrían volver a los cielos de las regiones cocaleras; si la mantiene cerrada, el Ejecutivo tendrá que sostener la erradicación con métodos terrestres, mucho más lentos y costosos.
