La Irán relatora ONU sumó este viernes un nuevo capítulo de choque abierto.
La Irán relatora ONU sumó este viernes un nuevo capítulo de choque abierto. El Gobierno iraní acusó a Mai Sato, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en el país persa, de «intentar blanquear» las acciones de Estados Unidos e Israel, después de que la experta denunciara que Teherán ha utilizado la guerra como cobertura para intensificar la represión interna contra su propia población.
«Instrumentalizar la denominada Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán para culpar a Irán de los crímenes cometidos por Estados Unidos e Israel constituye nada menos que un intento deliberado de blanquear la agresión, las atrocidades y las medidas coercitivas unilaterales», afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en un mensaje publicado en la red social X.
Irán relatora ONU: un mandato «políticamente motivado», según Teherán
Bagaei calificó el mandato de la relatoría de «políticamente motivado» y sostuvo que fue «impuesto por el Reino Unido al Consejo de Derechos Humanos». A su juicio, el enfoque de la experta es «profundamente engañoso y falto de honestidad», una descalificación que eleva la tensión entre Teherán y los mecanismos de vigilancia de la ONU en uno de los momentos más delicados para el país.
La reacción iraní se produce en plena escalada regional. Como contamos en la nota sobre la defensa que hizo el vicepresidente Vance del conflicto contra Irán, Washington mantiene su presión sobre Teherán mientras dentro del país persa crece el control sobre cualquier forma de disidencia.
La denuncia de Sato: la guerra como cobertura para reprimir
Sato había denunciado el miércoles que los ataques estadounidenses e israelíes han agravado la represión interna en Irán y han dejado a la población expuesta por partida doble: a los bombardeos y a las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propias autoridades. Su informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, que abarca el período de febrero a agosto de 2026, recoge al menos 34 ejecuciones relacionadas con las protestas de diciembre y enero.
El documento señala además que miles de personas habrían muerto desde el inicio de los ataques israelí-estadounidenses, el 28 de febrero, unos bombardeos que la relatora calificó de «ilegales». Según su análisis, las autoridades iraníes han presentado a los manifestantes como agentes de los Estados atacantes y han perseguido actos pacíficos como si fueran amenazas a la seguridad nacional, con delitos que pueden acarrear la pena de muerte.
Moratoria de ejecuciones y liberación de detenidos
La experta pidió a Irán una moratoria de las ejecuciones, la liberación de los detenidos por ejercer sus derechos, garantías de juicios justos y una investigación de las muertes causadas por sus fuerzas de seguridad. En paralelo, instó a Estados Unidos e Israel a cesar las hostilidades, investigar sus ataques y publicar los resultados de esas investigaciones.
El trasfondo es un país que fue escenario de masivas protestas contra la República Islámica en enero pasado, sofocadas tras una dura represión en la que, según las propias autoridades iraníes, murieron 3.117 personas, mientras organizaciones de derechos humanos como la opositora HRANA, con sede en Estados Unidos, elevan esa cifra a más de 7.000. En el plano interno, Teherán también ha endurecido su aparato de seguridad, como ocurrió con el desmantelamiento de cuatro células en Sistán y Baluchistán anunciado esta semana.
Uno de los países con más ejecuciones del mundo
Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones del mundo. En 2025, las autoridades iraníes ejecutaron al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024 y la cifra más alta registrada por Amnistía Internacional en el país desde 1981, un dato que la relatoría ha citado como prueba del deterioro acelerado de los derechos humanos.
El cruce de acusaciones deja al mecanismo de la ONU en el centro de la disputa diplomática: para Sato, la guerra no puede servir de excusa para aplastar la disidencia; para Teherán, el informe forma parte de la campaña de presión de Occidente. La tensión también se refleja en el terreno, donde episodios como el ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz mantienen a la región en alerta máxima.
