La indemnización a Dilma Rousseff quedó fijada en 17.562,80 reales mensuales, de forma permanente y continuada, según la norma publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión. El Ministerio de Derechos Humanos y de la Ciudadanía de Brasil formalizó así la reparación económica a la expresidenta por la persecución política que sufrió durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985.
La disposición, la Portaria n.º 2.931, fue firmada el pasado 21 de octubre por la ministra Janine Mello y apareció este martes 27 de octubre en el boletín oficial. Además del pago mensual, el texto reconoce 6.616.492,19 reales en valores retroactivos —unos 6,6 millones de reales, cerca de 1.125.000 dólares— calculados desde el 21 de octubre de 1997, la fecha que la Justicia fijó como marco del derecho.
Una indemnización a Dilma Rousseff fijada por orden judicial
La medida no nace de una decisión discrecional del Gobierno: cumple una sentencia del Tribunal Regional Federal de la 1.ª Región (TRF1), que en diciembre de 2025 reconoció el derecho de Rousseff a recibir la reparación en pagos mensuales y no en una sola cuota. Ese mismo fallo mantuvo, además, una indemnización de 400.000 reales por daños morales.
El cálculo del monto mensual tomó como referencia el salario medio del plan de cargos de la antigua Fundación de Economía y Estadística (FEE) de Río Grande del Sur, la institución en la que la expresidenta trabajaba como economista en los años setenta. De los retroactivos se descontará todo lo que Rousseff ya haya recibido por este concepto, y la norma no precisa cuánto quedará por pagar ni cuándo comenzarán los depósitos.
De la parcela única de 2025 a la pensión permanente
El nuevo acto rectifica la Portaria n.º 1.424, de agosto de 2025, con la que el ministerio había reconocido a Rousseff como anistiada política y le había fijado una reparación de 100.000 reales en un pago único. La base legal del reconocimiento es la Ley n.º 10.559, de 2002, que regula la reparación a quienes sufrieron castigos o alejamientos por motivos políticos.
Rousseff fue detenida en 1970, a los 22 años, por su militancia en la resistencia al régimen militar —formó parte de la Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares—, sufrió torturas y pasó casi tres años en prisión. En 1977 fue apartada de la FEE tras aparecer en una lista de supuestos «comunistas infiltrados en el gobierno», el perjuicio laboral que fundamenta la reparación mensual: la Justicia entendió que fue perseguida e imposibilitada de trabajar desde su arresto hasta el 21 de octubre de 1997.
La firma llegó en plena definición electoral
La portaria se firmó cuatro días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas y se publicó dos días después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, el mentor político de Rousseff. La exmandataria, que recibió de Lula la banda presidencial en enero de 2011 tras ganar las elecciones con el 56,01 % de los votos y convertirse en la primera presidenta de Brasil, preside actualmente el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de los BRICS con sede en Shanghái.
