Green Card para venezolanos: esa es la promesa que la congresista demócrata por Florida Debbie Wasserman.
Green Card para venezolanos: esa es la promesa que la congresista demócrata por Florida Debbie Wasserman Schultz volvió a poner sobre la mesa este sábado 14 de noviembre, al impulsar en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que garantizaría la residencia permanente legal a los venezolanos que viven en Florida y en el resto del país, una iniciativa que busca dar estabilidad definitiva a cientos de miles de migrantes que hoy dependen de medidas temporales.
«Lucho no solo para proteger a nuestros vecinos venezolanos que cumplen la ley de la brutalidad del ICE, sino también para garantizarles un camino hacia la residencia permanente. Debemos aprobar la Ley de Ajuste Venezolano para lograr ese objetivo», escribió la legisladora en su cuenta de la red social X, en un mensaje que reactivó el debate sobre el futuro migratorio de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
Green Card para venezolanos: qué establece la Ley de Ajuste Venezolano
La iniciativa, denominada Ley de Ajuste Venezolano (H.R. 1348), cuenta con el respaldo de los representantes demócratas por Florida Frederica Wilson y Darren Soto. Según los términos del texto, el Departamento de Seguridad Nacional podría ajustar a residentes permanentes el estatus migratorio de los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado a Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2021, que mantengan presencia física continua en el país durante al menos un año y que superen los controles de admisibilidad y antecedentes.
La propuesta contempla, además, autorizaciones de empleo y la suspensión de los procesos de deportación mientras se resuelven las solicitudes, dos protecciones clave para familias que hoy viven con la incertidumbre de los permisos temporales. El objetivo declarado es ofrecer una solución definitiva y estabilidad jurídica a cientos de miles de venezolanos que huyeron de la crisis política y humanitaria de su país, en medio de la incertidumbre que rodea a medidas como el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El precedente cubano y el peso de Florida
Wasserman Schultz destacó que la medida está basada en el precedente de la Ley de Ajuste Cubano, la norma que durante décadas permitió a los migrantes cubanos obtener la residencia tras un año de presencia en el país. Para la congresista, extender una vía similar a los venezolanos es fundamental para brindar seguridad a una comunidad que constituye uno de los pilares demográficos y económicos del sur de Florida, región que concentra a más de medio millón de venezolanos.
El impulso legislativo llega en un momento de alta tensión migratoria, con operativos federales y decisiones judiciales que mantienen en vilo a miles de familias. En paralelo, la Corte Suprema decidirá si Trump puede bloquear el asilo en la frontera con México, una definición que también marcará el rumbo de la política migratoria estadounidense.
Lo que falta: el Comité Judicial
El proyecto, sin embargo, permanece a la espera de ser discutido en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el primer filtro que debe superar cualquier iniciativa de este alcance. Sin ese debate ni una votación en el pleno, la Ley de Ajuste Venezolano sigue siendo una propuesta y no una vía abierta: ningún venezolano puede acogerse todavía a sus beneficios.
Mientras tanto, la comunidad sigue expuesta a decisiones caso por caso de las autoridades migratorias, como ocurrió con la detención por parte de ICE de Daniela Bittner en Texas. Por eso las organizaciones de venezolanos en Florida siguen de cerca cada movimiento del H.R. 1348: de avanzar en el Comité Judicial, el proyecto se convertiría en la ruta más directa hacia la residencia permanente para quienes llegaron antes de 2022 y cumplen los requisitos.
Para la diáspora venezolana en ciudades como Miami, Orlando, Houston y Las Vegas, la diferencia entre un permiso temporal y una Green Card es la diferencia entre renovar papeles cada pocos años y poder planificar una vida: comprar vivienda, reunir a la familia y trabajar sin depender de prórrogas administrativas. Ese es el argumento central de los impulsores del proyecto, que insisten en que la comunidad venezolana ya forma parte del tejido económico y social de Estados Unidos y que su regularización definitiva beneficiaría también a las ciudades que la acogen.
