Dos organizaciones de la sociedad civil en El Salvador han presentado este lunes una denuncia formal ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) contra los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), liderado por el presidente Nayib Bukele, así como contra sus aliados en el Congreso, por presunta falta de transparencia en el manejo de recursos estatales y en la contratación de asesores.
Nayib Bukele y la controversia por corrupción
El abogado Rudy Joya, representante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), explicó a los medios de comunicación que la denuncia también abarca a los bloques legislativos del Partido de Concertación Nacional (PCN) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes son aliados de NI y Bukele en el Parlamento. Joya enfatizó que hasta la fecha no se ha podido observar de manera clara y transparente cómo se están utilizando los fondos públicos y a quiénes se les ha contratado.
La denuncia se basa en documentos filtrados por un grupo de activistas digitales que revelan que algunos congresistas del oficialismo han contratado a personas con perfiles poco convencionales, como creadores de contenido, youtuberos, exfutbolistas y otros personajes, lo que ha generado cuestionamientos en la sociedad sobre el propósito de estas contrataciones en la Asamblea Legislativa. «Ante esta situación, decidimos formalizar la primera denuncia pública, haciéndolo por los canales que la ley ya indica, en este caso, sobre la corrupción legislativa», afirmó Joya.
Ivania Cruz, también abogada de UNIDEHC, aportó más detalles sobre la situación financiera de la Asamblea Legislativa controlada por el partido de Nayib Bukele. En 2023, el presupuesto asignado a este órgano fue de 34 millones de dólares, que se incrementó a 35 millones a pesar de que el número de escaños se redujo de 84 a 60. Cruz señaló que el 90 % de los decretos aprobados por la Asamblea provienen directamente del Gobierno, y criticó la falta de un estudio previo a su aprobación. «Es un derroche y despilfarro de los fondos públicos que están haciendo los diputados», manifestó, añadiendo que la reserva de la información financiera «es para hacer corrupción».
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A inicios de julio de 2024, el presidente Nayib Bukele había declarado en una cadena nacional que cada legislador contaría con un presupuesto de 11,000 dólares para gastos. Esta afirmación ha suscitado aún más inquietudes sobre la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas por parte de los diputados.
La denuncia, presentada en conjunto con la asociación no gubernamental Bloque de Resistencia Popular (BRP), busca que el TEG «ponga atención» en esta situación y que se esclarezcan los detalles de las contrataciones realizadas por los legisladores.
