Demandan al Gobierno de Trump por acelerar los casos de niños migrantes no acompañados
Seis proveedores de servicios legales que representan a menores en cortes migratorias demandaron este jueves al Gobierno de Donald Trump por acelerar los casos de niños migrantes no acompañados, una práctica que, según la acción judicial,…
Seis proveedores de servicios legales que representan a menores en cortes migratorias demandaron este jueves al Gobierno de Donald Trump por acelerar los casos de niños migrantes no acompañados, una práctica que, según la acción judicial, está convirtiendo sus procesos en una cadena de deportaciones sin tiempo real para preparar una defensa. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Maryland y pide frenar el ritmo impuesto a las entrevistas de asilo y a las audiencias de estos menores.
Lo que se sabe hasta ahora
La demanda la firman seis proveedores de servicios jurídicos que trabajan con niños migrantes no acompañados.
Los abogados aseguran haber recibido más de 600 notificaciones de entrevistas de asilo programadas en rápida sucesión.
Hay menores de apenas 2 años compareciendo ante jueces de inmigración, muchos sin abogado.
El Gobierno niega que esté acelerando los casos y afirma que prioriza resolverlos a tiempo.
Entrevistas con 24 horas de aviso y audiencias el mismo día
De acuerdo con el texto judicial, las fechas de las entrevistas de asilo de los niños migrantes no acompañados se han adelantado de forma abrupta, en algunos casos con apenas 24 horas de anticipación, y los abogados se ven obligados a representar a varios menores en entrevistas celebradas el mismo día, a veces a la misma hora. Esa dinámica, sostienen, les impide preparar los casos y limita gravemente su capacidad de defender a sus clientes, niños que llegaron solos a Estados Unidos y que viven con familiares o permanecen en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) tras cruzar la frontera sur o después de que agentes de ICE arrestaron a sus tutores.
La demanda pide volver al esquema anterior, en el que se notificaba a los menores con al menos 21 días de anticipación antes de su entrevista de asilo, y se apoya en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de Personas de 2008, la norma federal que desde hace casi dos décadas establece protecciones especiales para los menores no acompañados. «Para estos niños, que corren el riesgo de ser devueltos a los países de los que huyeron, lo que está en juego es de suma importancia», advierte el documento.
El telón de fondo: el fin del contrato de ayuda legal
El litigio llega meses después de que el Gobierno pusiera fin, este verano, a un contrato de larga duración que financiaba los servicios legales de estos menores. Ese acuerdo, valorado en unos 200 millones de dólares al año, funcionaba a través del Centro Acacia para la Justicia y una red de cerca de 100 proveedores que orientaban y representaban a más de 20.000 niños en todo el país. Sin esa estructura, cada vez más menores enfrentan solos un proceso diseñado para adultos: deben presentar pruebas, responder ante un juez y argumentar su solicitud de asilo sin que la ley garantice un abogado durante todo el procedimiento. El clima migratorio que rodea estos casos es el mismo que viven miles de familias latinas, como las que han denunciado operativos de ICE en ciudades como Houston o el aumento de la inseguridad alimentaria entre inmigrantes en Colorado.
El Gobierno lo niega: «resolución oportuna»
La administración Trump ha rechazado antes las acusaciones de tramitación acelerada y sostiene que sus funcionarios priorizan la resolución oportuna de los casos para que no queden estancados. Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del que depende la ORR, aseguró que la oficina seguirá facilitando que los menores bajo su custodia participen plenamente en los procedimientos legales con representación, incluidas las audiencias ante los jueces de inmigración, que gestionan sus propios calendarios. La batalla judicial en Maryland se suma a otros frentes legales abiertos contra la política migratoria del Gobierno, como la demanda federal contra California por el conteo de boletas.
Por qué importa
Para la diáspora venezolana y latina en Estados Unidos, esta demanda toca una fibra directa: miles de familias recibieron a niños que cruzaron solos la frontera y hoy esperan una cita que puede decidir si se quedan o son devueltos. Que esa cita llegue con 24 horas de aviso, sin abogado y con entrevistas encimadas, es exactamente lo que los demandantes piden a un juez federal que detenga. El fallo en Maryland no resolverá el sistema, pero sí puede fijar el piso mínimo de garantías para los más vulnerables del proceso migratorio: los niños que llegaron solos.
