El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este martes una serie de reformas legales que buscan restringir el ingreso al país de personas que puedan amenazar la soberanía nacional, así como aumentar las penas para quienes intenten evadir los controles migratorios.
La propuesta, que ha sido enviada a la Asamblea Nacional para su aprobación, ha suscitado reacciones diversas, especialmente entre organizaciones de derechos humanos que advierten sobre el riesgo de apatridia y violaciones a los derechos fundamentales.
En un contexto marcado por tensiones políticas y sociales, Ortega propuso modificar la Ley General de Migración y Extranjería, así como el Código Penal de Nicaragua.
La iniciativa incluye la posibilidad de denegar el ingreso a ciudadanos nicaragüenses y extranjeros considerados un «riesgo social» o que puedan «menoscabar la soberanía nacional».
Según el proyecto, será responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería decidir quién puede entrar o salir del país, lo que otorga un amplio margen de discreción a las autoridades migratorias.
El artículo 10 del proyecto establece que esta entidad tendrá la facultad de autorizar o denegar visas a ciudadanos extranjeros y, en su punto número 12, se menciona explícitamente que podrán rechazar el ingreso de personas que representen una amenaza para el Estado.
Además, se contempla la posibilidad de revocar la nacionalidad nicaragüense adquirida y cancelar prórrogas de estancia.
La propuesta también introduce sanciones severas para quienes intenten cruzar las fronteras del país de manera irregular. El artículo 318 del nuevo marco legal establece que quienes evadan los controles migratorios enfrentan penas de prisión de dos a seis años.
Esta medida ha generado alarma entre grupos defensores de derechos humanos, quienes argumentan que podría dar lugar a abusos y a la criminalización de personas que buscan refugio o asilo.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado al menos 111 casos de apatridia de facto en el país, afectando a diversos sectores de la población, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
La ONG advierte que estas reformas podrían agravar aún más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos nicaragüenses.
En su exposición, Ortega defendió que estas reformas son necesarias para garantizar una migración «ordenada, regulada y segura», asegurando que se respetarán los derechos humanos en el proceso.
Sin embargo, críticos del gobierno sostienen que estas medidas son un intento más por silenciar a la oposición y controlar el flujo de información y personas en un contexto donde la represión se ha intensificado desde 2018.
La propuesta llega en un momento en que Ortega también busca reformar la Constitución para establecer un sistema político más centralizado, donde el poder se ejerza a través de una Presidencia con un copresidente y una copresidenta.
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Esta reforma constitucional ya fue aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional, dominada por el partido sandinista.
Las reformas propuestas por Ortega reflejan una clara intención de fortalecer el control estatal sobre la migración y penalizar cualquier intento de oposición o disidencia.
Mientras el gobierno argumenta que estas medidas son necesarias para proteger la soberanía nacional, organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos alertan sobre las posibles implicaciones negativas para la población nicaragüense.
La discusión sobre estas reformas en la Asamblea Nacional será crucial para determinar el futuro del país en un contexto ya marcado por la polarización política y social.
